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La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que el monto de los contratos celebrados entre los entes públicos disminuyó 79% de 2013 a 2017, como resultado de las acciones emprendidas luego de los señalamientos conocidos como la “Estafa maestra”, que incluían contratos irregulares con universidades públicas.
De acuerdo con un documento en poder de EL UNIVERSAL, el monto erogado en 2013 por la celebración de estos contratos ascendía a 12 mil 869 millones de pesos, mientras que al cierre de 2017 se registró un gasto de 2 mil 659 millones.
“Se han emitido 39 resoluciones sancionatorias correspondientes a 11 servidores públicos y 17 más se encuentran sujetos a procedimiento administrativo en relación con este tema”, señala la dependencia en el informe.
Estas sanciones fueron impuestas por la falta administrativa de no haberse cerciorado de que las universidades pudieran cumplir en al menos 51% de las obligaciones del contrato por sí mismas y así evitar solicitar el servicio a empresas con las que se triangularon los recursos.
La institución puntualizó que para poder contratar con organismos, como las universidades, se debe acreditar que éstas cuentan con los requisitos que señala la ley, como la capacidad técnica, material y humana para cumplir con las obligaciones estipuladas al menos en 51% de su monto.
Además de ejecutar las disposiciones legales, desde el nombramiento de la titular de este órgano de gobierno, Arely Gómez González, se auditan uno por uno los contratos que se han celebrado con cualquier institución académica.
