Más Información
nacion@eluniversal.com.mx
La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles avisó a su sucesor en la dependencia, José Antonio Meade, de las supuestas irregularidades observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las contrataciones celebradas con diferentes entes públicos.
Así lo afirmó la defensa de Robles Berlanga durante la audiencia que el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, programó para resolver la situación jurídica de la exfuncionaria.
Previamente a que los defensores de Robles, liderados por Julio Hernández Barros, expusieran los datos de prueba que prepararon durante el fin de semana para desvirtuar la imputación formulada en contra de la exsecretaria de Estado por ejercicio indebido del servicio público, informaron al juez que la Fiscalía General de la República se negó en dos ocasiones a recibir los documentos que prepararon.
Por ello, la diligencia se retrasó 50 minutos porque el juez concedió ese tiempo para que los fiscales revisaran los datos aportados por la defensa y que, enfatizó el juzgador, tenían obligación de recibir.
Desde el jueves de la semana pasada la FGR acusó a Robles de omitir tomar acciones para sancionar y evitar supuestos desvíos millonarios durante su administración al frente de Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y dijo que tampoco informó al expresidente Enrique Peña Nieto de esas irregularidades.
Afirmó que dicha omisión provocó un daño al erario federal por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos derivados de los desvíos supuestamente “permitidos” por Robles.
Los abogados expusieron 32 datos de prueba, de los cuales dos testimonios y una pericial no fueron admitidos por el juez. Una de esas declaraciones era la de María Eugenia Romero Martínez, exsecretaria particular de Robles, con la que buscaba demostrar que informó al expresidente de la República de las diversas anomalías observadas por la ASF.
La FGR sustentó su acusación en testimonios de dos excolaboradores de Robles en Sedesol y Sedatu, que afirmaron que le indicaron a Robles Berlanga que había conductas irregulares por parte de diversos funcionarios en la firma de los contratos con entes públicos.
Al respecto, la defensa presentó oficios en los que requirió a la Unidad de Asuntos Jurídicos y al oficial Mayor de Sedesol y Sedatu que dieran seguimiento a las denuncias recibidas por los exfuncionarios.
Además, exhibieron las resoluciones del Órgano Interno de Control (OIC) en las que se determinó que por falta de elementos para fincar responsabilidades administrativas no procedían las quejas presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre supuestas irregularidades en las contrataciones y otros oficios en los que se solventaron las observaciones de dicho organismo revisor.
Como datos de prueba, los abogados de Rosario Robles exhibieron la carta recepción del 27 de agosto de 2015 de la administración de la Sedesol a José Antonio Meade, su sucesor.
En el documento, en el anexo 21 de los folios 630 al 633, la saliente secretaria de Estado notificó a Meade de observaciones de la ASF pendientes de solventar y que son las que forman parte de la acusación que tiene la FGR en su contra.
“Ella informó al secretario entrante, por lo que la omisión no es de la hoy enjuiciada”, afirmó el abogado Óscar Rogelio Ramírez Santiago.
EL UNIVERSAL informó que la FGR señaló que de los 27 contratos que presentaron irregularidades y que constituyeron la acusación contra Robles uno fue firmado por ella al frente de la Sedesol.
Que dicho contrato significó un posible daño al erario de 60 millones 952 mil 400 pesos que fueron pagados a la Universidad Autónoma de Chiapas por trabajos que no fueron realizados.
En la diligencia, Ramírez Santiago afirmó que es falso que Rosario Robles firmara un instrumento jurídico de carácter económico, sino que el 15 de mayo de 2013 firmó un convenio protocolario de colaboración con dicha institución educativa.
Dos años después, Víctor Manuel Tapia firmó el contrato con la universidad y la FGR acusa irregularidades que generaron el daño de más de 60 millones de pesos.
Los abogados respondieron uno a uno los datos de prueba ofrecidos por la FGR contra Rosario Robles, entre los que se encontraban 24 dictámenes de las revisiones de la ASF entre 2015 y 2018 a Sedesol y Sedatu, que incluían observaciones sobre supuestas anomalías en la contrataciones de las dependencias con entes públicos tales como universidades estatales, institutos tecnológicos y televisoras foráneas.
De los dictámenes emitidos por la ASF durante la gestión de Robles al frente de Sedesol, algunos se referían a contratos suscritos en 2013 pero fueron realizados hasta 2015.
