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Rosario Robles
, exsecretaria en el gobierno de Enrique Peña Nieto, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) viola sus derechos y el debido proceso al filtrar que existe una investigación en su contra por la llamada "estafa maestra".
En una carta a los medios de comunicación, la otrora funcionaria precisó que "en efecto, fui citada para comparecer el día 8 de agosto de los corriente (sic) a un juzgado federal, sin que en dicho citatorio se establezcan las causas ni los hechos que se me imputan, minando con ello mi capacidad de defensa".
La carta fue difundida a través de Ciro Gómez Leyva en su programa en Radio Fórmula, en donde Robles indica que se enteró en los medios de que la investigación en su contra es "por ejercicio indebido del servicio público".
Ayer, a través de la Fiscalía de Delitos Cometidos contra la Administración de Justicia de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, la FGR solicitó a un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, una audiencia inicial para imputación y vinculación contra Robles Berlanga.
De acuerdo con el oficio UEIDCSPCAJ-217/2019 de fecha 25 de julio pasado, la FGR solicitó citar a la exfuncionaria para imputarle el ilícito de ejercicio indebido del servicio público derivado de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 relacionada con la "estafa maestra".
¿QUÉ ES LA "ESTAFA MAESTRA"?
La llamada "estafa maestra" es un caso que se relaciona con la documentación realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la utilización de 11 dependencias federales para desviar millones de pesos durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
Las tres principales dependencias que supuestamente participaron en los desvíos fueron la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) encabezada por Rosario Robles; el Banco Nacional de Obras (Banobras), y Petróleos Mexicanos (Pemex), dirigido por Emilio Lozoya Austin.
La ASF detectó que el gobierno federal entregó contratos a más de 100 empresas por 7 mil 670 millones de pesos, de las cuales 128 no tenían infraestructura ni personalidad jurídica para proporcionar los servicios para los que fueron contratadas o no existen.
En el sexenio pasado, Robles Berlanga también encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que, según las revisiones de la ASF, formó parte del esquema de contrataciones mediante el cual se realizaron los desvíos millonarios.
