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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó revisar el acuerdo presidencial de militarización de la seguridad pública.
La ministra Margarita Ríos-Farjat admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el gobierno de Michoacán, en la que pidió invalidar el decreto publicado el pasado 8 de mayo, al considerar que es contrario a la Constitución federal.
“Se tiene por presentado al promovente y se admite a trámite la demanda que hace valer, con reserva de los motivos de improcedencia que se puedan advertir al momento de dictar sentencia.
“Se requiere al Poder Ejecutivo federal para que al dar contestación a la demanda remita a este alto tribunal copia certificada de todas las documentales relacionadas con el acuerdo impugnado”, señala el documento.
De acuerdo con los estrados judiciales, el gobierno de Michoacán no solicitó suspender el acuerdo de militarización, razón por la que la ministra no ordenó abrir incidente de suspensión ni frenar la ejecución del mismo.
En los próximos meses la ministra hará un proyecto de sentencia sobre la controversia alegada por el estado de Michoacán y sólo tendrá efecto en esa entidad.
Ríos-Farjat, quien fue una de las tres designadas por Andrés Manuel López Obrador, tiene pendiente la tramitación de otras dos controversias constitucionales presentadas por el municipio de Colima, que debe aclarar su demanda y la de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, en la que no ha emitido ningún acuerdo.
EL UNIVERSAL informó que la impugnación de la diputada federal Laura Rojas provocó la división de la bancada de Morena en la Cámara Baja, que, junto con el PES y el PT, suscribió un posicionamiento para advertir que la presidenta de la Mesa Directiva actuó de forma “facciosa” al presentar la demanda sin el respaldo de la mayoría de los legisladores.
Morena incluso le exigió retirarla y la calificó como “espuria”, a pesar de que como líder de la Mesa Directiva está facultada a presentar controversias constitucionales cuando lo estime necesario.
A estas impugnaciones se suman cuatro amparos que han sido tramitados ante jueces federales en la Ciudad de México, de los cuales dos demandas ya fueron admitidas y otra más desechada; en la tramitada por Equis Justicia se requirió a la representante legal de la organización antes de emitir pronunciamiento alguno.
La juez Noveno de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México admitió el amparo del senador panista Raúl Paz Alonso, quien junto con otros solicitó la suspensión del acuerdo para que, durante el juicio, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se subordine y complemente a las autoridades civiles.
Es decir, que no se realice de manera coordinada, como establece el acuerdo de militarización.
“Los quejosos no pretendemos que durante el trámite y substanciación del juicio de garantías no se aplique el acuerdo de militarización, o bien, que las Fuerzas Armadas no se involucren en tareas de seguridad pública”, señalaron los blanquiazules.
Sin embargo, la juzgadora consideró que no hay materia para decretar la suspensión, porque la participación subordinada y complementaria de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública a autoridades civiles está contemplada en el acuerdo impugnado.
