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El gran reto para la administración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es romper los pactos de silencio y de impunidad que se han construido alrededor de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, afirmó Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Tras cuatro años sin saber el paradero de los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Patrón Sánchez advierte que el caso permanece en la impunidad, debido a que la investigación “no ha sido independiente, imparcial, autónoma ni eficaz”, como señaló el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito al ordenar la creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia.
Enfatizó que para el próximo gobierno, “el gran reto es romper los pactos de silencio y de impunidad, llevamos cuatro años en los que se apostó a una teoría del caso que ya se advirtió que no es real, eso ha podido significar el desvanecimiento de pruebas, el paso de tiempo, incluso hasta para algunos la pérdida de la esperanza de encontrarlos con vida.
“No es un reto sencillo, en el último informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) establece que Ayotzinapa ejemplifica un contexto de macrocriminalidad, por eso es que ellos recomiendan investigar instituciones municipales, estatales y federales. En un contexto de macrocriminalidad, estos vínculos entre instituciones federales y crimen organizado son pactos muy enraizados”, indicó.
Para el director del Centro Prodh, una de las organizaciones que representa a los padres de los normalistas, ahora lo que se busca es empezar una nueva etapa de indagatorias, para lo que han generado un proceso de trabajo con el equipo de la designada secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del subsecretario de Derechos Humanos y Población, Alejandro Encinas, con quienes el centro traza una ruta para la comisión de la verdad sobre el caso.
Detalló que la comisión de investigación para la verdad y la justicia tendrá que estar anclada en la PGR o en la nueva fiscalía, tendría facultades penales, pero estaría sometida a controles externos, que serían los padres y sus representantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el regreso del GIEI para cooperar en las líneas de investigación y las estrategias de búsqueda.
Patrón Sánchez expresó que la implementación de ese mecanismo ayudará a conocer la verdad, porque durante los últimos dos años “los esfuerzos de la administración del presidente Enrique Peña Nieto ya no estuvieron encaminados a dar con el paradero real de los estudiantes, sino a encubrir a sus funcionarios de la “verdad histórica” y a destinar las energías institucionales, por ejemplo, a combatir la sentencia del tribunal colegiado”.
Negó que la finalidad de crear una comisión sea llevar al presidente y a funcionarios involucrados ante cortes internacionales, como se ha mencionado.
