Tras el análisis, paso y modificaciones de la Cámara de Diputados, la reforma educativa de la cuarta transformación recobra, "con nuevos nombres gran parte de las realidades de la vieja reforma", reclamaron en una carta 150 investigadores educativos y profesores afines a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ).
“El poder Legislativo debe realizar su tarea, recuperando las demandas del magisterio y generar los consensos necesarios mediante el diálogo democrático”, consideraron.
En una carta que presentaron en la sede de la sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, los especialistas señalan que la primera versión de la reforma al artículo tercero constitucional que presentó el presidente en diciembre de 2018 planteaba eliminar la evaluación punitiva y al INEE .
“Proponía la educación para el bienestar, gratuita y como derecho en todos los niveles. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, los partidos del anterior Pacto por México la modificaron y ahora recobra con nuevos nombres gran parte de las realidades de la vieja reforma. Están ahí muchos de los conceptos que luego se tradujeron en persecutorias leyes secundarias".
El texto lo firmaron académicos de la talla de Hugo Aboites, de la UAM Xochimilco y ex rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Teresita Garduño Rubio del Instituto de Investigaciones Pedagógicas, Alberto Arnaut, del Colegio de México, y Ángel Díaz Barriga, de la Universidd Nacional Autónoma de México; Tatiana Coll Lebedeff, de la Universidad Pedagógica Nacional, Enrique Ávila Carrillo, Escuela Normal Superior de México, Luis Bello, Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique Rébsamen”.
Participaron también profesores e investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, de Benemérita Escuela Normal Veracruzana y la Escuela Normal Superior de México, entre otras.
El documento será entregado a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Educación Pública . Durante la presentación del mismo, Garduño Rubio señaló que este grupo de académicos está preocupado porque quienes aprobaron la reforma educativa de 2013, son los mismos legisladores que ahora analizan la del gobierno lopezobradorista.
"Muchos de nosotros expresamos nuestra posición con toda contundencia y la posición de quienes aprobaron el decreto de la reforma educativa de Peña Nieto en donde estaban formulando una nueva propuesta que se convierte en proyecto de decreto y eso nos preocupa profundamente. Hay un gran movimiento de académicos que analizan que sí queremos cambiar la educación para su mejora. Queremos un diálogo: creemos que la reforma tiene que ir en otro sentido", dijo Garduño en conferencia de prensa.
Los académicos e investigadores, en su mayoría de escuelas normales del país, demandaron transformar dichas instituciones de formación inicial para docentes, recuperar la herencia psicopedagógica de las mismas y adjudicar mayores presupuestos para ellas, y con ello garantizar el ingreso directo de los egresados.
“Esto podrá garantizar una sólida formación por parte del Estado para las y los maestros formados en las normales y ofrecer el acceso directo a espacios de trabajo en las escuelas de los diversos niveles de educación básica, como reconocimiento a una labor integral de formación profesional. Es decir, el Estado forma y el Estado lo integra a las aulas”.
Pidieron que en lugar de un Centro Nacional de revalorización del magisterio y la mejora continua de la educación, se generen centros locales que apoyen los procesos de evaluación y formación de las escuelas.
“Tendrían también como tarea la revisión de la pertinencia regional de los contenidos, materiales y métodos educativos, la vigilancia para conservar infraestructura digna y adecuada, así como la dotación de recursos necesarios para la dignificación de la escuela. Todo lo anterior permite el reconocimiento del magisterio como agente primordial de la transformación social”.
Señalan que la reforma educativa de 2013 ubicó en la excepción a los maestros, “al negarles el derecho” de establecer sus relaciones laborales como el resto de los trabajadores públicos, a partir del artículo 123 constitucional y su apartado B.
“Los dejó en un vacío de incertidumbre, que prodigó jubilaciones anticipadas, despidos, suspensión de pagos, represión, cárcel, militarización y violencia para imponer la evaluación y una persecución mediática en un clima de cuestionamiento y de desvalorización social. Para superar esta fragilidad laboral se requiere colocar en las leyes de Educación, lo relativo a la Educación y en las leyes del trabajo, lo relativo al trabajo”, demandaron.
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