En medio de la discusión por el anuncio del presidente salvadoreño, Nayib Bukele , de que no permitiría el aterrizaje de un avión procedente de México por supuestamente tener entre sus pasajeros a 12 personas con casos de Covid-19 , Bukele lanzó un reclamo al canciller mexicano Marcelo Ebrard por haber asilado a un fugitivo de la justicia salvadoreña.

Aunque no dio nombres, el pasado 13 de marzo la oficina salvadoreña de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) informó al Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador que no puede capturar a Othon Sigfrido Reyes Morales , expresidente de la Asamblea Legislativa (2011-2015), acusado por delitos de corrupción, porque el gobierno de México lo asiló. Así lo reveló el diario La Prensa Gráfica del país centroamericano, al igual que otros medios.

El 15 de enero, el juzgado décimo primero de Paz de San Salvador emitió la orden de captura contra Reyes Morales, acusado de los delitos de apropiación de fondos legislativos, por estafar al Estado en la compraventa de lotes y lavado de dinero, cometidos valiéndose de los cargos públicos que ocupó durante los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), según La Prensa Gráfica.

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La Interpol notificó al juzgado el 6 de marzo que no puede dar detalles de la ubicación de Reyes porque México le dio asilo y las leyes de esa nación lo prohiben.

La Fiscalía acusó en enero a Reyes de liderar un entramado de 14 personas, entre empleados públicos, socios, familiares y amigos, que supuestamente se aprovechó de fondos públicos e introdujo al mercado 6.5 millones de dólares estadounidenses (la moneda salvadoreña) de origen desconocido. Además, Reyes está acusado de haber obtenido un incremento patrimonial de 781 mil 844.77 dólares sin justificación legal, según la Prensa Gráfica.

La fiscalía asegura que parte de los recursos los obtuvo el funcionario del cobro de viáticos para viajes oficiales que él mismo se autorizó. También lo acusa de conspirar para que la empresa TERREIN, S.A. de C.V, del exdiputado y su exsocio Byron Larrazábal, comprara cinco lotes del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) con una rebaja ilegal de $105,300, en Nuevo Cuscatlán (La Libertad).

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Reyes tiene otras dos causas judiciales en su contra en El Salvador: una civil, por la que la fiscalía le exige devolver 472 mil 464.04 dólares que adquirió sin justificación como diputado y otra que busca quitarle bienes de supuesto origen ilegal.

Reyes es el segundo exfuncionario del FMLN que se ampara en un gobierno de izquierda en la región para evadir la justicia salvadoreña. Ya lo hizo el expresidente Mauricio Funes, asilado por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

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