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El Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó que solicitó ayer al Poder Judicial 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero por delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada en relación al caso de los 43 normalistas de desaparecidos de Ayotzinapa .
“Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido ni investigados, ni judicializados, en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República”, dijo.
En un mensaje a medios, Gertz Manero señaló que dichas órdenes solicitadas se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo, en contra de funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República, entre ellos, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio , quien, dijo, huyó del país, y que ya cuenta con orden de aprehensión y con ficha roja de INTERPOL , para su localización a nivel internacional.
El Caso Ayotzinapa ha tomado diversos cursos, pero el que fue aceptado por el gobierno de Enrique Peña Nieto fue la llamada "verdad histórica", difundida por el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, e investigada desde la AIC, a cargo del ahora prófugo Tomás Zerón.
¿Cuál es la llamada "verdad histórica" del caso Ayotzinapa?
Los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, en Guerrero, por integrantes del grupo Delincuencia Guerreros Unidos, porque fueron señalados de pertenecer a Los Rojos, grupo contrario.
Esa es la “verdad histórica” que planteó el 27 de enero de 2015 el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, cuando en conferencia de prensa ofreció un informe sobre los últimos avances, hasta ese momento, del caso Iguala, acompañado de Tomás Zerón de Lucio, quién se desempeñaba como director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
En su mensaje, Murillo Karam se refirió a las conclusiones del caso como la verdad histórica, sustentada en una investigación exhaustiva, profunda y seria, con resultados científicos.
Dicha verdad histórica se basa en declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado, conocido como “El Terco” o “El Cepillo”, presunto miembro de Guerreros Unidos, quien habría participado en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, la noche del 26 al y el 27 de septiembre de 2014.
También se sustenta en dichos de Patricio Reyes Landa, "El Pato"; Jonathan Osorio Gómez, “El Jona, y Agustín García Reyes, “El Chereje”, quienes fueron los primeros detenidos.
A cinco años del caso, se ha liberado a 77 de los 142 implicados.
De acuerdo con Tomás Zerón, Felipe Rodríguez Salgado fungía como Jefe de sicarios de Guerreros Unidos. En coordinación con el subdirector de la Policía Municipal de Cocula, César Nava González, y su grupo de policías, facilitaban el trasiego de droga y evitaban que grupos antagónicos tuvieran presencia en el municipio.
Su detención fue clave dentro de la investigación porque todos los testimonios lo señalan como quien dirigió la operación, conduciendo a las víctimas hasta el basurero, interrogándolas y dando la orden de ejecutarlas e incinerarlas.
Según el entonces director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Rodríguez Salgado confesó su participación.
26 de septiembre de 2014.
Felipe Rodríguez Salgado, “El Terco” o “El Cepillo”, jefe de sicarios de Guerreros Unidos, recibió una llamada en la cual le fue informado que un grupo antagónico, Los Rojos, estaba atacando Iguala y que debía trasladarse al lugar conocido como “Loma del Coyote”, donde le serían entregados unos “Paquetes”.
Dicho “sustantivo” era utilizado para denominar a los “enemigos” cuando eran capturados.
Una vez en “Loma del Coyote”, policías municipales de Iguala y Cocula le entregaron un grupo numeroso de estudiantes, que bajaron de las patrullas y subieron a dos camionetas, las cuales fueron conducidas hasta el basurero.
En el basurero, se interrogó, ejecutó e incineró a los estudiantes.
"Algunos de los detenidos venían amarrados con mecate, otros esposados y algunos venían golpeados ya ensangrentados; de policías pude apreciar que también venían entre 30 y 35 sin poder precisar ya que no los conté…”, declaró “El Terco”.
Rodríguez Salgado narró paso a paso los acontecimientos de esa noche a partir de que le fueron entregados los estudiantes.
Así informó EL UNIVERSAL de la desaparición de los 43 normalistas
Relató que él fue quien dio la orden a Patricio Reyes Landa, alias “El Pato”, de terminar con la vida de todos ellos, y que no quedara nada, por lo que quemaron inclusive los teléfonos celulares de los estudiantes.
Después, “El Terco” se dirigió a la casa de Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, donde esperó hasta recibir más instrucciones.
El 27 de septiembre de 2014.
Rodríguez Salgado regresó al basurero. Según el relato, cuando llegó, el fuego había reducido a cenizas a las víctimas.
Patricio Reyes Landa, alias “El Pato”, le dijo que los cuerpos los pusieron en una plancha de llantas, leña y fueron quemados con diésel.
Rodríguez Salgado instruyó a Reyes Landa a comprar bolsas de basura. Una vez recogidas las cenizas las fueron a tirar al Río San Juan. En la operación participaron también, de acuerdo con la declaración, sicarios identificados como CHEQUEL, WEREKE, WASA, PATO y PRIMO.
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Para la entonces PGR de Murillo Karam, con tales narraciones, asentadas en las declaraciones ministeriales, se consolidó el móvil: los estudiantes fueron señalados por los delincuentes de formar parte del grupo antagónico de la delincuencia organizada en la región.
Esa fue razón por la que los privaron de la libertad, en un primer momento, y finalmente de la vida.
La PGR identificó a José Luis Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda Villa y Sidronio Casarrubias Salgado como líderes de la organización criminal Guerreros Unidos.
Se trató de un crimen atípico, no solamente por la magnitud y violencia a la que fueron sometidas las víctimas, sino porque el nivel de participación y los roles que jugó cada uno de los autores fueron distintos, mencionó Zerón.
La verdad histórica está basada en dictámenes Químico, Biológico, Entomológico, Balístico y Fotográfico.
Además, dictámenes practicados durante estos cuatro meses, entre los que destacan: Antropología, Análisis de Voz, Asuntos Fiscales, Criminalística, Contabilidad, Psicología, Retrato Hablado, Traducción, Tránsito Terrestre, Valuación, Ingeniería, Arquitectura, Incendios, Medicina Forense, Topografía, Audio, Video, Dactiloscopia y Genética.
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Con las investigaciones, se determinó que el área total del fuego fue de 140 metros cuadrados aproximadamente, en una superficie cercana a los 15 X 9 metros cuadrados.
En el basurero se encontraron diversos elementos que compruebaban la mecánica del suceso, como alambres de acero pertenecientes a las llantas que se quemaron, las rocas fracturadas y calcinadas, y los restos humanos carbonizados.
El septiembre de 2018, un juez federal dictó auto de libertad a favor de ocho implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellos a Felipe Rodríguez Salgado, señalado de ordenar levantar y asesinar a los estudiantes, por falta de elementos para procesar con las reservas de ley por el delito de delincuencia organizada.
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El acuerdo fue notificado por un juez al segundo tribunal unitario del decimonoveno circuito en los expedientes de Salvador Reza Jacobo, Felipe Rodríguez Salgado, Miguel Ángel Landa Baena, Hildardo López Astudillo. Sin embargo, no especificó que enfrentan otros delitos.
A principios de septiembre de 2019, Gildardo López Astudillo “El Gil”, identificado como uno de los líderes de los Guerreros Unidos, organización vinculada con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, recuperó su libertad luego de que un juez lo exoneró de la última acusación que la Fiscalía General de la República tenía en su contra.
El año pasado, la FGR presentó recursos e inició diligencias para que el exprocurador Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio enfrenten procesos legales por incumplir con sus responsabilidades en la investigación del caso Iguala, ante la liberación de 24 inculpados por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
cg
