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El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados aseguró que aunque Jaime Bonilla haya rendido protesta como gobernador de Baja California por cinco años, no debe “echar las campanas al vuelo”, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía no resuelve las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron en este caso.
A través de la coordinadora del sol azteca, Verónica Juárez, el PRD recordó que la Corte ya admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad presentadas por cuatro partidos en contra de la reforma que amplía a cinco años el mandato de Bonilla, a pesar de que sólo fue electo por dos años.
“Así que al tomar posesión por cinco años, casi en la clandestinidad y a medianoche, Bonilla incurre de nueva cuenta en una violación flagrante de la Constitución y demuestra de nueva cuenta su desprecio por la legalidad, por las y los ciudadanos de Baja California y por quienes votaron por él. Pero no se saldrá con la suya”, advirtió la perredista.
Juárez Piña informó que una de las acciones de inconstitucionalidad admitidas por la Suprema Corte fue presentada por la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática, en la que se señala un cúmulo de inconsistencias legales cometidas por parte del Congreso de Baja California y del ahora gobernador, con el apoyo de las autoridades locales y federales.
La legisladora precisó que, de acuerdo con la resolución de la SCJN al admitir a trámite los recursos contra Bonilla, el hecho de que el gobernador entre en funciones al tomar protesta no significa que se hayan consumado los efectos de la norma —en referencia a la Ley Bonilla—, dado que su aplicabilidad es de tracto sucesivo, por lo que la vigencia de la misma no impide que la Corte realice el estudio oportuno de la validez de las normas.
Es decir, indicó Juárez Piña, en virtud de que Bonilla fue electo para dos años, la Corte tiene tiempo para pronunciarse sobre la validez de la Ley Bonilla.
“Así que seguiremos insistiendo para evitar que Jaime Bonilla atropelle la Constitución de la República y el mandato de las y los ciudadanos”, sentenció.
