Más Información
politica@eluniversal.com.mx
El Ejecutivo federal publicó ayer en El Diario Oficial de la Federación el decreto por el que entrará en vigor la Ley General de Comunicación Social a partir del 1 de enero de 2019.
La también conocida Ley de Publicidad Gubernamental prevé que sea la Secretaría de Gobernación (Segob) la que designe los tiempos oficiales para la contratación de campañas de comunicación social y la integración del Padrón Nacional de Medios de Comunicación.
Consultados al respecto, diputados federales de la coalición Por México al Frente, que en su momento votaron en contra de la aprobación de la minuta que se envió al Senado de la República, insisten en que la normativa es una tomadura de pelo y una irresponsabilidad de parte de los legisladores que sufragaron a favor, utilizando su mayoría, PRI, Partido Verde y Nueva Alianza.
“Es una tomada de pelo y una irresponsabilidad porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) urgía a que se aprobara por el proceso electoral del 1 de julio, al ponerle en el transitorio la vigencia hasta enero de 2019, se están burlando de la decisión de la Corte”, señaló el legislador del PRD Rafael Hernández Soriano.
Por su parte, Jorge Triana, del PAN, acusó que de las ocho iniciativas que fueron presentadas por distintos partidos políticos ante la comisión de Gobernación, sólo se tomó la propuesta del PRI.
“Es un instrumento que no sirve absolutamente para nada (...), es una copia al carbón de los lineamientos que ya existen que emite la Segob en materia de comunicación y de publicidad gubernamental, le están dando por su lado a la Suprema Corte”, puntualizó.
En las discusiones para su aprobación en ambas Cámaras del Congreso, se desató una fuerte polémica, ya que los partidos de oposición acusaron que se estaba aprobando sin solucionar realmente asuntos de fondo, como garantizar la libertad de expresión.
Triana destacó que en su propuesta el PAN proponía la creación de un órgano autónomo que regulara, tanto el padrón de medios como los contratos, con el fin de terminar con la centralización en la compra de espacios de publicidad.
La Segob repartirá los tiempos oficiales en porcentajes; 40% al Poder Ejecutivo; 30% al Legislativo por partes iguales a la Cámara de Diputados y al Senado; 10% al Poder Judicial, y 20% a los órganos autónomos.
