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La bancada del PRI en la Cámara de Diputados impulsa reformas al artículo 105 de la Constitución para que seis órganos autónomos puedan promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en caso de que algunas normas generales afecten sus funciones y la Constitución General.
Además se propone reducir el umbral para que las minorías en ambas cámaras del Congreso General puedan interponer ese tipo de recursos ante la Corte.
En siete iniciativas de reformas al artículo 105 de la Constitución la diputada Claudia Pastor Badilla, del PRI, planteó que puedan acudir en acción de inconstitucionalidad el Instituto Nacional Electoral (INE), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Banco de México (Banxico).
Además propuso ampliar la posibilidad de que las minorías legislativas puedan promover ese tipo de recursos, al reducir el umbral de 33% de la Cámara de Diputados a sólo 15 % (75 legisladores) y de 33 % del Senado a sólo el 20 %, es decir a 26. En el caso de los Congresos locales también bastaría el 20 % de sus integrantes y no el 33 %.
Pastor expuso que con estas enmiendas se reforzará el equilibrio de poderes, el mejor desempeño de las funciones de los organismos autónomos y se evitará que el poder público realice acciones que vulneren la consolidación de un estado democrático y de derecho.
En el caso de los integrantes de las Cámaras, se prevé un porcentaje adecuado, para “mantener un equilibrio en el principio de representación de los intereses de las minorías, sin que la acción llegue a transformarse en una bandera política que pueda ser utilizada por cualquier grupo parlamentario minoritario a capricho”.
Explicó que hoy los organismos autónomos que sí tienen legitimación para acudir en acción de inconstitucionalidad ante la SCJN son la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Ejecutivo vía la Consejería Jurídica de la Presidencia o la Fiscalía General de la República (FGR).
La propuesta es que el INE pueda interponer acciones de inconstitucionalidad, cuando considere que una norma jurídica atenta contra la democracia y el sistema de partidos, indicó la también secretaria de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara.
En el caso de los demás órganos constitucionalmente autónomos, poder acudir a la Corte les permitiría el mejor desempeño de sus funciones, de regulación del espectro radioeléctrico, en el caso del IFT; de medición de la pobreza y de la evaluación de la política de desarrollo social, en el caso del Coneval, para garantizar mejor la competencia, en el caso de Cofece.
MAOT
