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La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI consideró que César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, generó un daño irreparable al partido y para evitar que deteriore aún más la imagen para el proceso electoral 2018-2019, decidió suspenderle sus derechos político-partidistas.
Así lo determinó la Justicia Partidaria del Revolucionario Institucional que recién quitó todo derecho a Duarte Jáquez, de voz y voto al interior del instituto político. El ex gobernador tiene más de 10 días para defender, de así considerarlo, su derecho.
De acuerdo con el documento en el que se justifica la razón por la que se decidió suspender los derechos al ex mandatario, Duarte Jáquez actuó de manera indebida y contraria a lo que marcan los estatutos del partido, respecto a un militante funcionario federal.
“De no emitirse la medida cautelar correspondiente durante la tramitación del procedimiento sancionador, se permitiría la posibilidad de que César Duarte Jáquez se presente de nuevo, en nombre del Partido Revolucionario Institiucional, en el proceso electoral 2018-2019 que inició en cinco estados de la República, con la consiguiente afrenta al resto de militantes, la ciudadanía y el prestigio del partido y con la imposibilidad de reparar esa afectación, pese a que al concluirse el procedimiento se sancionará al denunciado”, determinó la comisión.
En 2016, el consejero político Armando Barajas presentó ante la comisión una solicitud de suspensión de derechos político-partidarios y consecuente expulsión de Duarte Jáquez, por las acusaciones de corrupción de las que es objeto, hecho que, expuso el consejero, genera un gran deterioro a la imagen del partido.
Dos años después, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI decidió atraer el caso. El pasado 24 de octubre se decidió la suspensión de derechos político-partidistas para César Duarte, como medida cautelar, frente a lo que consideró un deterioro irreparable para el partido, debido a los ilícitos de que se le acusa.
La sentencia, que se explica en 31 páginas y de la cual EL UNIVERSAL tiene copia, se explica que de no tomar tal decisión, la imagen del partido tendría una nueva afectación por la ausencia de reproche, disciplina y sanción ante la conducta indiciariamente desplegada por Duarte Jáquez.
“Lo anterior en virtud de que en el expediente hay indicios de que se siguen investigaciones por distintos delitos y conductas ilícitas relacionadas con el ejercicio de su cargo o funciones. Además de que no hay prueba de que el denunciado adoptara una postura pública proporcional a la magnitud de las acusaciones y a su cobertura en medios de comunicación”, sentenció la comisión.
Los priístas consideraron que la actitud de Duarte Jáquez debe ser considerada como grave, toda vez que se trata de hechos de interés ciudadano que exigen sustituir conductas pasivas e indiferentes, por acciones diligentes que permitan esclarecer lo más pronto posible las acusaciones en su contra.
