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El presidente Andrés Manuel López Obrador echó a andar las impugnaciones contra las primeras suspensiones definitivas que congelan, por tiempo indefinido, la entrada en vigor de la reforma eléctrica.
En los recursos de queja que presentó la semana pasada contra las suspensiones provisionales concedidas por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, el Ejecutivo federal presentó quejas contra las suspensiones definitivas concedidas el viernes 19 de marzo.
Los recursos fueron admitidos por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
Con esto, el gobierno federal busca revocar las suspensiones definitivas concedidas por el juez Gómez Fierro; sin embargo, de acuerdo con el artículo 81, fracción I, a) de la Ley de Amparo, contra las sentencias interlocutorias en las que se concede o se niega una suspensión definitiva procede el recurso de revisión.
Ayer, el juez Gómez Fierro notificó la concesión de nueve suspensiones definitivas más que mantendrán paralizada la reforma eléctrica, por lo que actualmente ya hay 12 frenos que permanecerán vigentes hasta que se dicten sentencias definitivas en los amparos correspondientes.
Estas medidas tienen efectos generales pues, de acuerdo con el juez, de beneficiar a unos cuantos con las mismas, se les estaría otorgando una ventaja competitiva frente al resto de los participantes en el sector.
En su análisis preliminar, el juez indicó que en la iniciativa de reforma impulsada por la actual administración, se expresa que tiene como fin último fortalecer a la CFE en beneficio del interés nacional, pero esto, rebatió, no justifica ir en contra de la Constitución.
“Este Juzgado de Distrito considera que ningún acto, bajo la justificación de cumplir con dicho fortalecimiento, puede desconocer el contenido de la Constitución, en donde se previó un modelo orientado, entre otras cosas, a garantizar la libre concurrencia de agentes económicos en la generación y suministro de electricidad, así como transitar hacia un mayor uso de energías limpias”, precisó.
Aunque el Presidente, representado por la Secretaría de Energía (Sener), argumentó que la concesión de las suspensiones pone en riesgo el sistema eléctrico del país, el juez desechó este alegato porque el efecto de las suspensiones es que el sector se desarrolle conforme a la Constitución.
“La paralización del decreto reclamado únicamente tendrá como consecuencia que el sector eléctrico se siga desarrollando bajo el esquema que fue previsto en la propia Constitución con el objeto de incentivar la competencia en el sector, a efecto de facilitar a los mexicanos y a los sectores público, privado y social energías más baratas, así como de lograr el desarrollo sustentable del país”, precisó.
“No es factible afirmar que, al permitir que se siga aplicando una normatividad que impulsa la competencia en el sector eléctrico y el uso de energías limpias, se está atentando contra el interés general del país”, dijo.
