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El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentó juicios políticos en contra de los 21 legisladores del Congreso de Baja California, quienes votaron por la ampliación a la administración del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez (Morena).
La demanda, presentada ante la Secretaría General de San Lázaro, expone como motivos para iniciar el juicio político “los actos y omisiones que constituyen violaciones graves al marco constitucional vigente y a las responsabilidades que afectaron la legalidad, imparcialidad y eficiencia que debieron observar en el desempeño de sus empleos como servidores públicos”.
Los perredistas también consideraron que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe hacer un llamado a cumplir la ley, “a que exista finalmente certeza en torno a lo que ya definieron los ciudadanos y las ciudadanas.
“Lo que está claro es que el Presidente no quiere asumir sus responsabilidades como Jefe político de la Federación, porque sabe que una de sus [obligaciones] es cuidar el orden republicano. Los estados son libres y soberanos, pero forman parte de la Federación, y ninguno de ellos puede debilitar, cuestionar el mandato al que todos estamos obligados, que es la Constitución general, y ahí está expresamente prohibida la intentona”, puntualizó.
En conferencia de prensa, la coordinadora de la fracción del sol azteca, Verónica Juárez Piña, anunció que se están promoviendo amparos colectivos por haber transgredido los derechos electorales de los ciudadanos de Baja California.
La legisladora sostuvo que buscan que los ciudadanos también presenten sus propios amparos, y señaló que los impulsados por el PRD se presentarán una vez que el Congreso de Baja California publique la reforma a su constitución.
El vocero del PRD en San Lázaro, Antonio Ortega Martínez, acusó a todos los legisladores de Baja California de “ser responsables” del acto inconstitucional. “La ley obliga a que se tomen las medidas para dictar una resolución frente a la solicitud de juicio político que hoy se presentó”, señaló.
Además, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado (Morena), dijo que como Congreso de la Unión deben ser respetuosos con las decisiones de los Congresos locales, y recordó que la mayoría de los legisladores que avalaron la reforma a la constitución “son panistas”.
“En [las Cámaras] tampoco podemos poner en duda el orden constitucional tratando de meter alguna controversia, alguna impugnación o algún requerimiento jurídico que no nos corresponda”, declaró.
