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México ha avanzado 87% en la armonización legislativa entre el Sistema Penitenciario nacional y las normas internacionales , informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que exhortó a que se intensifiquen los trabajos para incorporar los ordenamientos y así garantizar que tengan un efecto útil en la promoción, respeto y protección de las garantías de las personas que están en reclusión.
Al presentar el Estudio de Armonización Legislativa entre el Sistema Penitenciario Mexicano y las normas internacionales , la tercera visitadora general de la CNDH, Ruth Villanueva Castilleja , destacó que el objetivo de ese trabajo es verificar la concordancia de las leyes con las normas e instrumentos internacionales que en relación con el mandato constitucional aseguren la viabilidad del ejercicio y goce de los derechos humanos , así como su eficaz protección y defensa.
Explicó que aunque el porcentaje alcanzado en la armonización es alto, lamentablemente el marco jurídico del sistema penitenciario nacional aún no contempla la garantía del derecho humano a la libertad religiosa y de cultos de las personas en prisión, por lo que la calificación en ese rubro fue cero.
Para el estudio se analizaron 20 disposiciones jurídicas, cuatro de ellas -las relacionadas con los derechos a tener una estancia digna, a la información, al debido proceso administrativo y a estar cerca de su domicilio-, obtuvieron una calificación de sólo 60% de avance. Las 15 restantes alcanzaron un 100% de puntuación.
Villanueva Castilleja dijo que “la armonización legislativa que se presenta en esta ocasión tiene como propósito constituirse en una herramienta que permita dotar de información útil, pertinente, relevante, objetiva y confiable para definir criterios orientados al establecimiento de las políticas públicas del Estado, nutriendo el concepto de eficiencia y eficacia que enmarca la evaluación de las mismas”.
Explicó que para la generación de la “Plataforma de Seguimiento a la Armonización Legislativa de los Derechos Humanos” se tomaron en cuenta 12 instrumentos internacionales y ocho más relacionados con las Reglas Nelson Mandela (Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos), los cuales se contrastaron con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Fernando Elizondo García, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), mencionó que se ha detectado la crisis penitenciaria global con base en cuatro factores: crecimiento continuo de la población carcelaria, hacinamiento, graves costos del encarcelamiento para los internos y para la sociedad en general, y condiciones carcelarias equivocadas.
De acuerdo con el último reporte en la materia, dijo, en el mundo hay 10.3 millones de personas en reclusión, es decir, 144 personas por cada 100 mil habitantes; indicó que la tasa mexicana es superior a esa cifra, “ya que esa población es joven, entre los 18 y los 39 años de edad, lo cual tiene un costo para el país, porque estamos encerrando a nuestra principal fuerza laboral”.
