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La investigación administrativa iniciada a petición del juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, asesinado el año pasado cerca de su domicilio en el Estado de México, reveló el comportamiento irregular de otros funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
Al menos 10 servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales del Estado de México se ostentaban como actuarios, sin tener el cargo o estar comisionados para ello e ingresaban al Centro Federal de Readaptación Social El Altiplano.
Fuentes federales indicaron que hasta ahora se desconoce la razón por la que los funcionarios entraban al penal de máxima seguridad, puesto que en sus áreas de adscripción no había notificaciones pendientes por realizar en dicho centro penitenciario.
Por estos hechos, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió temporalmente a los trabajadores y aún no ha dado parte a la Procuraduría General de la República, debido a que lo hará hasta en tanto culmine la investigación administrativa para fincar las responsabilidades correspondientes.
La suspensión durará lo que tarde el Consejo en concluir su indagatoria, puesto que consideró que los funcionarios presuntamente incurrieron en abuso o ejercicio indebido de sus respectivos cargos.
Debido a que no existe una sentencia condenatoria aún, el CJF no reveló los nombres de los funcionarios suspendidos.
Se prevé que el órgano jurisdiccional continúe en la búsqueda de otros funcionarios que realicen este tipo de conductas en el Estado de México.
La investigación. El 17 de octubre de 2016, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de México, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, recibió un disparo en la nuca mientras hacía ejercicio cerca de su domicilio en Metepec, donde falleció de forma inmediata.
En mayo de ese año el juez denunció a tres servidores, dos actuarias y a un chofer, que se presentaban en El Altiplano supuestamente para realizar notificaciones personales a reos de dicho penal sin que pudieran explicar su conducta.
Durante la investigación el CJF halló que el chofer, Alejandro Coyote Colín, estaba adscrito al Juzgado Décimo Primero de Distrito en el estado de Veracruz, a cargo de Jorge Arturo Porras, antecesor de Bermúdez Zacarías en el Juzgado Quinto.
Tanto Coyote Colín como las actuarias Ana Lilia Coyote Colín y Mayumi Guadalupe Sánchez Torres, también esposa de Porras, acudían al penal El Altiplano ostentándose como actuarias para supuestamente notificar a los reos sin que estuvieran comisionados o facultados para ello.
Los funcionarios fueron suspendidos de sus cargos y el 25 de octubre pasado el Consejo de la Judicatura Federal determinó que existían elementos suficientes para acreditar que cometieron usurpación de funciones, falta grave contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Ordenó su destitución e inhabilitación por 20 años para ejercer cualquier cargo público.
EL UNIVERSAL informó que el CJF esperará hasta el momento en que la resolución del pleno del Consejo quede firme para acudir ante la PGR a levantar la denuncia penal correspondiente.
