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Junto con la reducción de recursos a los partidos debería existir una “policía especializada en la persecución de la corrupción electoral”, planteó el consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral (INE).
Consideró que solo reducir el financiamiento de los partidos, como ha planteado Morena, es insuficiente y se requiere más una reforma integral que considere mecanismos de autofinanciamiento de los partidos, ajustar financiamiento a esos institutos en los estados y, sobre todo, ir contra la corrupción electoral.
Que “se tomen medidas para investigar, prevenir y sancionar la corrupción electoral, más encaminadas a canalizar esas investigaciones por la vía penal, que haya una policía especializada en la persecución de la corrupción electoral definida por el quid pro quo”, es decir, aportaciones a partidos a cambio de permisos, concesiones, contratos, intercambio que planteó acabar.
En entrevista reconoció que “el esquema actual de darles mucho dinero a los partidos y tratar de prevenir la corrupción electoral no ha prosperado, debemos ir más allá”.
Sin embargo, la forma de hacerlo tampoco será solamente la reducción de financiamiento a partidos, sino que “va por el camino de reducir, pero proteger el derecho de los ciudadanos de contribuir a causas públicas como pueden ser las campañas, pero por otro lado sancionar la corrupción electoral”, comentó.
Para eso, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) deberá fortalecerse, pues las investigaciones son complejas, “llevan tiempo, requieren medidas preventivas, recabar testimonios de personas involucradas. Generalmente cuando se llega a ellas están ocupando el cargo, pero son medidas necesarias para cuidar la salud del sistema”, agregó Nacif.
Además, se requiere un rediseño del sistema porque actualmente la Constitución, además de definir la fórmula para establecer el financiamiento público de los partidos, también marca que éste deberá ser preponderante sobre el financiamiento privado que pueden recaudar los partidos, aunque hoy la dependencia del recurso público es casi total.
“Por lo tanto, al reducir el dinero público también el privado, por eso tal vez habría que equilibrar para darles oportunidad de recaudar fondos de militantes y simpatizantes, porque aportar a un partido o campaña es un derecho ciudadano de contribuir a una causa pública y eso debe hacerse de forma transparente”, dijo.
La forma de regular podría ser con límites, y “no permitir aportaciones individuales a campañas que rebasen límites racionales para que no haya una diferencia muy grande con relación a otros”, expuso.
