Pese a la exigencia de gobernadores de todos los partidos de que se modifique la Ley de Coordinación Fiscal y con ello la fórmula de distribución de recursos a entidades y municipios, los mandatarios desairaron el Parlamento Abierto convocado por diputados federales para escuchar sus demandas.
Sólo acudieron a exponer sus posturas los representantes de los gobiernos de Quintana Roo, Luis David Vázquez y de Guerrero, Tulio Samuel Pérez, quienes plantearon dar fin al “centralismo fiscal
“ en el que la Federación se queda con la mayor parte de los recursos recaudados en los estados por concepto de impuestos.
Desde hace unas semanas los mandatarios del Occidente del país y también los gobernadores del PAN han reclamado cambio a las reglas según las cuales hoy la Federación se queda con 80 % de los recursos recaudados y deja 16% a estados y 4% a los municipios.
Pero salvo esas dos entidades los demás plantaron a los diputados en la última sesión del Parlamento Abierto que analizó el Paquete Económico 2020 en la parte fiscal.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas Baca, expuso que problemas de agenda y premura en la convocatoria impidió la presencia de los mandatarios, pero además “están ellos dando sus batallas y han estado en varios foros”.
En su exposición Tulio Samuel Pérez Calvo, secretario de Finanzas y Administración del Gobierno de Guerrero pidió solidaridad con las entidades con mayor rezago, precisamente para abatirlo.
Hoy el gasto público se concentra en las entidades “que más crecen o concentran la mayor actividad económica (pero) es necesario que el gasto también vaya a las entidades más rezagadas”.
Como parte del pacto de coordinación fiscal las entidades fueron cediendo sus potestades tributarias, pero no se debe centralizar el presupuesto, debe compartirse para que “al menos los recursos se etiqueten a infraestructura productiva”.
Luis David Vázquez Heredia, secretario de Finanzas y planeación de Quintana Roo, reclamó que pese al esfuerzo por recaudar más eso no se refleja en más recursos, pues “se premia la pereza fiscal”.
La coordinadora del programa de gasto público de México Evalúa, Mariana Campos, propuso crear un sistema de puntos que premie a los estados y municipios y considere su esfuerzo pero también las disparidades, de modo que se apoye a las de menor desarrollo.
En esa propuesta coincidió Israel Santos, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para quien además de un sistema de puntos para la evaluación urge actualizar fórmulas para la asignación de recursos.
Puso énfasis en que se debe dar a las entidades mecanismos de defensa efectivos ante incumplimientos del sistema de coordinación fiscal.
Esto porque los recursos de inconformidad o juicios de incumplimiento no sirven para analizar en sede constitucional una posible invasión de facultades y además al interponer ese tipo de medidas se retrasa precisamente la llegada de recursos a los estados.
“Nos sumamos a la opinión de convocar a una nueva reforma hacendaria en la que se establezcan tres cosas; uno, el resarcimiento a haciendas públicas locales; dos, actualizar las formas de reparto, y tres, establecer mecanismos de defensa efectivos ante el incumplimiento de los convenios de coordinación fiscal”, expuso.
