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El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar (PAN), exigió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) atender el caso del migrante morelense Rubén Gerardo Galindo Chávez, quien murió luego que oficiales de policía de la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, Estados Unidos, el 6 de septiembre del 2017.
En conferencia de prensa, el diputado federal presentó un video testimonial, que las mismas cámaras de los policías de Charlotte grabaron, en el que se aprecia cómo los oficiales disparan en contra de Rubén , a pesar de que no opuso resistencia y estaba desarmado.
De acuerdo con la Confederación Internacional de Morelenses y Migrantes Mexicanos, los hechos sucedieron el pasado 6 de septiembre cuando Rubén Galindo –quien radicaba en Charlotte y se dedicaba a la construcción- llamó al 911 para entregar un arma que había comprado para enviarla a su padre en su natal Coatetelco, Morelos, por razones de protección por la inseguridad que se vive en el estado.
“Al descubrir que no está permitido transportar armas y no poder recuperar el monto económico el cual pagó por el arma decide ponerla a disposición de las autoridades correspondientes” y por eso Rubén decidió hablar al 911, indicó la Confederación.
A través del video se puede observar cómo policías llegan al domicilio de Rubén en la ciudad de Charlotte y le llaman por su nombre. Al salir del domicilio, el migrante morelense levanta las manos, obedece las instrucciones de los policías, y a pesar de no oponer resistencia, los oficiales accionan sus armas y cae al piso.
De acuerdo con el reporte, los policías que dispararon son Courthey Sugs y David Guerra, quienes fueron suspendidos, pero con goce de sueldo.
Después de cinco meses de los hechos, de acuerdo con el diputado Javier Bolaños, indicó que se ha abandonado el caso y una falta de atención del asunto por parte de las autoridades consulares como de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores.
El legislador panista envió una carta al canciller Luis Videgaray en el que le pide brindar a la familia del finado un informe de procedimiento judicial sobre los hechos, además de que la SRE asuma la representación de la familia ante el gobierno de Estados Unidos y “se haga justicia conforme a derecho”.
lsm
