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La existencia de parámetros y procedimientos específicos para fijar el salario del Presidente de la República es necesaria para evitar una fijación discrecional y política del tope máximo salarial para el servicio público.
Así lo consideraron especialistas, luego de que EL UNIVERSAL diera a conocer que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Pérez Dayán propondrá declarar inválida en su totalidad la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, porque el Congreso de la Unión no estableció elementos objetivos para fijar el salario del mandatario federal.
Esto, tomando en consideración que, de acuerdo con la reforma constitucional impulsada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en 2009, ningún servidor público puede ganar más que el Ejecutivo federal, por lo que los salarios de los funcionarios que no pertenecen a órganos constitucionalmente autónomos o que no estén contemplados como excepción, deberán ser fijados conforme a este tope máximo.
Raúl Mejía, exsecretario de Estudio y Cuenta de la Corte y académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), coincidió en que la propuesta del ministro Pérez Dayán no significa que los servidores públicos pueden ganar más que el Presidente de la República.
“[La iniciativa del ministro] no dice que no se pueda fijar el salario del Ejecutivo como tope máximo, pero el Presidente no puede establecerlo por sí mismo.
“[Tampoco indica] que no puede fijarse sin metodología específica establecida en la ley, porque de lo contrario queda un procedimiento oscuro de por qué se determinó ganar lo que debe ganar”, refirió el experto en entrevista telefónica.
“El problema es que no hay dentro de la ley una mecánica para fijarlo [el salario del Ejecutivo].
“No existe una metodología para evaluar cuánto debe ganar el Presidente, y eso genera que sea una fijación discrecional y que pueda tener tintes políticos.
“Esto no debe ser un problema de voluntad de alguien, sino algo que deba tener una mecánica y una medición explícita en la ley, para que los ciudadanos conozcan cuál es el mecanismo para determinar un salario, tomando en cuenta las responsabilidades, las condiciones de seguridad, la idea de lo que compone el salario”, comentó Raúl Mejía.
Advirtió que el argumento del proyecto de Pérez Dayán cobra relevancia debido a que los ministros podrían reconocer que sí hubo violaciones al procedimiento legislativo, pero que no necesariamente invalidan la ley por completo.
Para el especialista en Derecho Laboral Marcos Chávez el aspecto más importante que deberá analizar la Corte es la ausencia de un procedimiento acerca de cómo se va a fijar el salario del Ejecutivo.
“Es peligroso que esto [el criterio para fijar los ingresos del Presidente] no exista en la ley, porque se deja a discrecionalidad, lo cual impacta no solamente a una persona, que es la figura del mandatario federal, sino a una fuerza laboral enorme en el país, que estaría sujeta a la determinación de un solo hombre en relación con su salario”, precisó.
Con relación a la violación al proceso legislativo observada por el ministro Pérez Dayán, el jurista consideró que aunque no se invalide en su totalidad la ley el Congreso podría reformarla para adecuarla a los cambios constitucionales que le impactaron directamente y que no fueron previstos al momento de promulgar.
Al respecto, el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Francisco Burgoa explicó que al existir violaciones al procedimiento la Corte no debería arriesgarse a avalar la ley de federal de remuneraciones, pues el Congreso debe respetar en todo momento la Constitución y sus propios reglamentos internos.
“Considerando que hay autonomía en los poderes, el Congreso de la Unión debe cumplir con las normas constitucionales y con los parámetros legales. No porque sea un poder autónomo va a poder hacer lo que quiera”, indicó.
“Se debe declarar inválida [la ley de remuneraciones] para tener una norma que cumpla con el procedimiento legislativo, porque de dejarse una que contiene vicios en el procedimiento al rato se podría mandar un mensaje al Congreso para que pudiera estar legislando con rapidez. Total, no pasa nada si hay vicios en el procedimiento (...) Con eso se entraría en un círculo vicioso”, manifestó.
Agregó que sea cual sea el resultado de la discusión del proyecto de Pérez Dayán, la sociedad mexicana no debe entenderlo como una confrontación, sino como un ejemplo del esquema de pesos y contrapesos en el que se desarrolla una democracia.
“Esto debe ser visto como algo natural en un sistema democrático. Entonces, esperemos que, sea el resultado que sea, no se vaya a descalificar a uno y a otro poder, sino entender que son las reglas del sistema democrático en el que vivimos”, enfatizó.
