horacio.jimenez@eluniversal.com.mx
El PRI en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para crear una comisión especial que investigue el presunto enriquecimiento del presidente del PAN, Ricardo Anaya.
“Es menester que el Poder Legislativo, en sus funciones fiscalizadoras y de control del uso, destino y posible mal uso de los recursos públicos, pueda coadyuvar a indagar sobre actos de corrupción y enriquecimiento ilícito que señalan la impunidad de un dirigente partidario a nivel nacional”, dice el documento entregado a la Mesa Directiva.
El coordinador César Camacho dijo que la comisión especial tendrá que avalarse en la Junta de Coordinación Política en su sesión del lunes.
EL UNIVERSAL publicó el pasado 23 de agosto que en los últimos 14 años, de la mano de Anaya, su familia política, que encabezan sus suegros, Donino Ángel Martínez Diez y Maribel Natalia Franco, logró aumentar su patrimonio exponencialmente, pues pasaron de tener cuatro a 17 empresas e incrementar de seis inmuebles, que tenían un valor de 21.9 millones, a poseer 33 con un valor aproximado de 328.4 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de mil 393%, tan sólo en propiedades.
Se informó el 28 de agosto que la enajenación de terrenos que hizo el entonces gobernador de Querétaro Francisco Garrido Patrón (2003-2009), beneficiaron directamente a Anaya y su familia política, debido a que les permitieron comprar tierras a costos bajos y después revenderlas. Además, unos días después se informó que la empresa que compró una nave industrial por 53.7 millones de pesos al presidente del PAN, tuvo como domicilio un terreno baldío.
Al presentar el documento, Camacho informó que la creación de esta comisión fue motivada por la denuncia que presentó la organización Consenso Ciudadano por Querétaro ante la fiscalía anticorrupción de ese estado por presunto enriquecimiento ilícito y precisó que aunque Anaya no es actualmente funcionario público, sí lo fue en su estado natal hace algunos años. “Hacemos votos por que la Procuraduría de Justicia de aquella entidad federativa, con base en la ley y en ejercicio de su autonomía, con el único criterio con el que debe actuar, que es el de la legalidad estricta, pueda dedicarse a escudriñar, a investigar a profundidad esta notitia criminis, este anuncio, este aviso de que, a juicio de los denunciantes, se ha cometido un delito, para que pueda llegar a buen puerto, en términos de legalidad, Consenso Ciudadano por Querétaro Asociación Civil y otras personas que han denunciado el enriquecimiento inexplicable de Ricardo Anaya y de su familia”, aseguró Camacho Quiroz.
La comisión especial, se plantea, podrá allegarse de toda la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo estime necesario con autoridades federales, estatales y municipales, así como con organizaciones civiles.
En respuesta, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, respondió de manera inmediata al PRI y aceptó crear la comisión que investigue a Anaya, porque “el que nada debe nada teme”, pero exigió que este órgano legislativo también indague al presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, y al presidente Enrique Peña Nieto por la adquisición de la llamada Casa Blanca, así como el caso Odebrecht.
Ricardo Anaya, por su parte, colocó mensajes en Twitter en los que dio la bienvenida a la comisión, se dijo dispuesto a comparecer en una audiencia pública y criticó que ese mismo día el PRI haya votado en contra de quitar el fuero contra su diputado Tarek Abdalá.
“Bienvenida la comisión propuesta por el PRI para investigarme! Exijo me citen en audiencia pública. ¿Por qué les damos tanto miedo?”, escribió y también posteó un video.
