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La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, a través de la legisladora Mariana Rodríguez Mier y Terán, presentó una iniciativa de ley para que se incremente el número de conductas que ameritan prisión preventiva, en las que destaca el uso de programas sociales con fines electorales.
La priista dijo que con esta iniciativa se busca reformar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para dar cumplimiento a la reforma del artículo 19 constitucional, publicada el 12 de abril de 2019, que incorporó diversas conductas a los delitos que ameritan prisión preventiva, a fin de brindar mayor certeza jurídica.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia y plantea que feminicidio, abuso o violencia sexual contra menores y robo a casa-habitación también se agreguen al catálogo de delitos por los que se podría ordenar prisión preventiva oficiosa.
Otras de las conductas antisociales que el PRI pide que se consideren son corrupción —tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito— y ejercicio abusivo de funciones; robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades —en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos— y desaparición forzada de personas cometida por particulares.
La propuesta precisa la posibilidad de que el juez, con un análisis individualizado y el apoyo de instancias competentes en materia de supervisión de medidas cautelares, pueda resolver la procedencia de esa previsión, pues la privación de la libertad no debe decretarse de manera automática por el tipo de delito que dará lugar al inicio del proceso.
