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El presidente Enrique Peña Nieto llamó al Senado de la República a ampliar los espacios de diálogo y acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil, a fin de escuchar todas las voces y enriquecer lo que eventualmente resuelva este órgano legislativo entorno a la Ley de Seguridad Interior .
“Solamente así, con un marco jurídico integral, instituciones sólidas, servidores públicos comprometidos y una sociedad civil activa, crítica y propositiva, podremos hacer realidad el México en paz que todos anhelamos”, estableció.
Ayer, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, advirtió que el fortalecimiento institucional y la certidumbre que se busca para las Fuerzas Armadas y para la sociedad civil “no se logrará con una ley como la que actualmente se debate en materia de seguridad interior”.
En el marco del Premio Nacional de Derechos Humanos 2017 —que entregó el presidente a Miguel Álvarez Gándara en Los Pinos y cuya mención honorífica fue otorgada a Lucía de los Ángeles Díaz Genao, por su labor en la búsqueda de personas desaparecidas como parte del Colectivo Solecito de Veracruz—, el ómbudsman afirmó que dicha propuesta propicia la falta de claridad, las ambigüedades y la discrecionalidad en la actuación de las autoridades.
Más tarde, en entrevista, indicó que esperará a que se agote la consideración del Legislativo en torno a esta iniciativa para realizar la valoración y análisis sobre la constitucionalidad que determine en su caso. “Tenemos 30 días a partir de que llegaran a determinar una ley para acudir a la Corte”, estableció.
A su vez, Álvarez Gándara, presidente de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), pidió ante el presidente Peña Nieto que, de aprobarse dicha norma, la CNDH ejerza ante la Suprema Corte su facultad para interponer una acción de inconstitucionalidad.
Durante su mensaje ante el Presidente, González Pérez dijo que los mexicanos no se deben resignar a vivir con miedo ante la violencia e inseguridad, pero tampoco con incertidumbre sobre los alcances y términos en que puede presentarse la actuación de sus autoridades y afectar el ámbito de sus libertades y derechos.
Consideró que dentro de esta revisión es deseable dar certidumbre a la sociedad y certeza a las Fuerzas Armadas sobre las condiciones y los términos de su intervención extraordinaria en apoyo a la seguridad.
Recalcó que limitar las opciones al despliegue reactivo de las Fuerzas Armadas bajo la denominación que se le pretenda dar, sólo podrá atender los síntomas, más no dará una solución de fondo a los problemas.
Álvarez Gándara advirtió que México lleva 10 años de una estrategia de concentración de mandos y fuerzas para confrontar el poder de los criminales más organizados.
“Más fuerza termina generando más muertes, ciudadanos inhibidos y atemorizados, dispersos y desencantados por la ineficiencia de las autoridades encargadas de protegerlos.
Tras escuchar el rechazo de los defensores, el Presidente de la República subrayó que en el proceso de combatir el origen de la violencia y privilegiar el respeto a los derechos humanos es fundamental contar con normas claras y precisas, así como con instituciones sólidas y efectivas que garanticen la primacía de la ley.
Peña afirmó que en los últimos años el país ha tenido avances importantes en el diseño de su sistema jurídico, con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Víctimas, la Ley General sobre Tortura y la Ley General en materia de Desaparición.
Ante representantes de la sociedad civil, legisladores y defensores de derechos humanos dijo que en la misión de contar con un marco jurídico adecuado para el país, se inscribe la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior. Aceptó que existen distintos puntos de vista sobre el tema.
“Su discusión en el Senado se ha extendido, lo que permitirá tomar en cuenta, y así lo espero y deseo, desde aquí hago un llamado al propio Senado de la República, para que amplíe precisamente los espacios de diálogo, de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil para poder escuchar todas las voces y poder realmente enriquecer lo que eventualmente el Senado esté resolviendo en alcance a esta iniciativa presentada”, estableció.
Afirmó que buena parte de las causas estructurales que generan la violencia están en la desigualdad y que en la medida en que se vaya cerrando la brecha económica, se podrá avanzar en resolver la problemática.
