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El proceso que se sigue contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, recluido desde julio en el Reclusorio Preventivo Norte de la capital, retomará su curso en enero próximo, cuando el día 22 se cumpla el plazo de seis meses que el juez de Control, Gerardo Moreno García, dio a la PGR para realizar la investigación complementaria.
En esa fecha, la dependencia deberá solicitar al juzgador especializado en el Sistema Penal Acusatorio el cierre de la indagatoria y a partir de ahí contará con 15 días hábiles para ofrecer pruebas contra el ex priísta, acusado de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada presuntamente cometidos durante su administración (2010-2016), con la que se iniciará la etapa intermedia del caso en su fase escrita.
Al dar por presentada la acusación del Ministerio Público de la Federación, el juez de la causa establecerá una fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá celebrarse en un plazo no menor a 30 ni mayor a 40 días naturales.
El Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito negó hace unos días un amparo a Duarte de Ochoa contra el auto de vinculación a proceso que se le dictó en julio, luego de ser extraditado al país desde Guatemala donde se escondía de la justicia mexicana.
El magistrado Ricardo Paredes Calderón determinó que existen datos de prueba suficientes para continuar con la investigación que se sigue contra el político veracruzano. En tanto que el abogado del veracruzano, Marco Antonio del Toro, argumentó que a su cliente se le habían violado sus derechos en la audiencia en la que se le vinculó a proceso, que se realizó en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte.
Durante la audiencia inicial, celebrada en julio, los fiscales de la Procuraduría General de la República presentaron 82 datos de prueba en los que sostiene que Duarte de Ochoa habría desviado 670 millones de pesos de las secretarías de Educación, Salud y Desarrollo Económico Portuario, dependencias que presuntamente trasladaron los recursos a diversas empresas denominadas “fantasma”.
En agosto, el ex gobernador realizó una huelga de hambre de 16 días en el Reclusorio Norte y acusó el “hostigamiento, persecución política y cacería de brujas” en contra de él y de sus colaboradores en el estado de Veracruz”.
“Mis colaboradores que se encuentran privados de la libertad arbitrariamente en el penal estatal de Pancho Viejo, en Coatepec, Veracruz, fueron detenidos con el objeto de presionarlos para que declaren en contra mía y para crear una cortina de humo que distraiga a la sociedad del desastre de gobierno que existe actualmente en la entidad veracruzana”, señaló a través de una carta.
La PGR entregó al gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, 40 millones de pesos recuperados y que fueron desviados durante la administración de Javier Duarte, con lo que suman 720 millones de pesos que se han logrado devolver a las arcas del estado.
