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La Procuraduría General de la República (PGR) respondió que respeta la absolución que el Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México dictó en favor de la ex lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo Morales, por los delitos de lavado de dinero por mil 978 millones de pesos y delincuencia organizada, aunque “no la comparte”.
Eran los dos últimos delitos que la PGR le imputaba a la maestra, ya que en noviembre de 2016, un juez federal la exoneró del delito de evasión fiscal. Finalmente el Ministerio Público no logró sostener ninguna acusación.
En breve comunicado, la dependencia aseguró que actuó conforme a derecho en este caso, “con estricto apego a la Constitución (...)”.
Funcionarios de la PGR reconocieron que se trata de un fallo judicial inapelable, que la SEIDO, que llevó el caso desde 2013, acatará.
Tras una intensa batalla legal, la ex dirigente del SNTE logró en diciembre de 2017 que un tribunal le otorgara el beneficio de la prisión domiciliaria, por lo que fue trasladada de la clínica donde permaneció hospitalizada por varios meses a su casa de la calle Galileo número 7, en Polanco.
Familiares, amigos y colaboradores la visitaban a diario en su departamento, lo que no fue bien visto por la PGR, que se inconformó ante el Poder Judicial.
En febrero de 2018, un juez federal restringió las visitas y llamadas telefónicas de Gordillo Morales, debido a que el Ministerio Público consideró que la maestra aún tiene influencia moral y puede “desestabilizar la paz y seguridad del Estado mexicano”.
La PGR reforzó la vigilancia con más elementos de la Policía Federal y señaló que el departamento de Gordillo Morales se había convertido en un “despacho” en el que se recibían a muchas personas, “desconociendo para qué fines”.
Ante ello, el abogado de la chiapaneca, Marco Antonio del Toro, reviró que la PGR no dejaba ingresar a nadie al lujoso inmueble, “ni siquiera a su familia, por lo que recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Tres meses después de haber iniciado el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, Elba Esther Gordillo fue detenida. El ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam la acusó de desviar mil 978 millones de pesos de las cuentas del SNTE, a través de diversas triangulaciones de recursos.
La PGR investigó dos de unas ochenta cuentas bancarias que al parecer estaban relacionadas en el desvío para el pago de aviones, deudas en tiendas departamentales y clínicas de cirugía estética, entre otras cosas.
