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El gobierno de México se comprometió desde 2017 “a no ejercer ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht” por el caso de los presuntos sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En una tarjeta informativa para dar a conocer avances del caso Odebrecht, emitida ayer por la Fiscalía General de la República (FGR), el ex titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, suscribió un convenio por el cual Brasil se comprometió a compartir información de la investigación, a cambio de que las autoridades mexicanas no procedieran penal, civil y administrativamente contra ejecutivos de esa firma.
“Estos convenios fueron ratificados por México en tres ocasiones, uno en fecha 16 de febrero, y dos el 14 de junio de 2017”, precisaron en la dependencia.
Según la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, posteriormente la PGR tomó declaración a tres ex directivos de la constructora brasileña identificados como Marcelo Bahía Odebrecht, Luis Alberto Meneses Weyll, e Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, quienes realizaron señalamientos que se encuentran protegidos por el debido proceso.
Asimismo, refirió que en mayo de 2017 se recabaron entrevistas de tres funcionarios de Odebrecht México: Helder Antonio Campomizzi, actualmente coordinador de licitaciones en la constructora en nuestro país; José Vito Facciolla Junior, director de Proyectos Odebrecht México, y Guillermo Antonio Suárez Solís, representante legal de la empresa, quienes aportaron diversos datos de prueba con relación a la investigación Pemex-Odebrecht, en la que se imputa a Emilio Ricardo Lozoya Austin de recibir sobornos.
La dependencia afirmó que en abril del año pasado solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) el registro migratorio de entradas y salidas de los funcionarios de la empresa Odebrecht a nuestro país.
De acuerdo con la fiscalía, desde que se recabó la entrevista en calidad de imputado de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, quien se reservó su derecho a declarar, ningún funcionario de la empresa ni de Odebrecht México ha sido citado a comparecer por el Ministerio Público de la Federación.
Agregó que entre mayo y septiembre de 2018, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) recibió información financiera procedente de Suiza consiste en 3 mil 239 fojas, por lo que solicitó al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) determinar la red de vínculos respecto a las transferencias, depósitos y personas involucradas en los hechos investigados, lo cual tendrán listos en una semana.
Ayer, la Fiscalía General de la República informó que no hará pública indefinidamente ninguna información del caso Odebrecht México, en el que se vincula al ex director general de la empresa petrolera, Emilio Lozoya Austin, de haber recibido de la constructora 10.5 millones dólares en sobornos.
Lo anterior, porque el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México le concedió a finales de enero una suspensión definitiva en el juicio de amparo 1386/2018-V, para que los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) se abstengan de exigirle una versión pública del expediente FED/ SIEDF/CGI-CDMX//0000117/2017.
La Fiscalía General de la República puntualizó ayer que tramitó tres amparos, dos de los cuales están pendientes de su resolución ante los juzgados de Amparo 9 y 12 en materia Administrativa, respectivamente.
La dependencia precisó que desde octubre del año pasado ha recibido 11 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales, en 10 se reservó la información por versar sobre datos de la indagatoria, protegidos con base en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sólo en una se otorgó la información por tratarse de datos estadísticos, señalaron las autoridades en una tarjeta informativa.
“De las 10 reservadas, en tres hubo resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a los recursos de revisión que interpuso el solicitante de información, que no es posible obsequiar por las reservas legales, razón por la cual, el Ministerio Público de la Federación promovió juicio de amparo”, refirió.
