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A pesar de todas las voces que se han manifestado en contra del proyecto, de las alertas respecto a que su aprobación violaría tratados comerciales internacionales, así como que podría generar pérdidas millonarias para México, los diputados federales de Morena lo cumplieron y solamente le hicieron cambios mínimos a la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que se reforma la Ley de la Industria Eléctrica para desplazar a la iniciativa privada y favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación de energía a través de combustibles fósiles.
Este miércoles fue circulado entre los integrantes de la Comisión de Energía el dictamen de la iniciativa presidencial que busca reformar la Ley de la Industria Eléctrica y que se perfila aprobar el próximo viernes.
Entre los cambios más destacados que se hicieron en este proyecto presidencial se encuentra la adición de un segundo artículo transitorio para que “todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto de este decreto, quedaran derogadas”.
Asimismo, en el artículo cuarto transitorio se le posibilita a la Comisión Reguladora de Energía a que, mediante los procedimientos administrativos correspondientes, los permisos de autoabastecimiento, con sus modificaciones respectivas, otorgados o tramitados al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que continúen surtiendo sus efectos jurídicos, obtenidos en fraude a la ley, deberán ser revocados. “En su caso, los permisionarios podrán tramitar un permiso de generación, conforme a lo previsto en la Ley de la Industria Eléctrica”.
Asimismo, en el artículo quinto transitorio se agrega que los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con productores independientes de energía al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deberán ser revisados a fin de garantizar su legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el gobierno.
En su caso, dichos contratos deberán ser renegociados o terminados de forma anticipada. Otro de los cambios se presentó en el artículo tercero transitorio, se modificó el plazo de seis meses a 180 días naturales para que la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora y el Centro Nacional de Control realicen las modificaciones que sean necesarias a todos los acuerdos resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y demás instrumentos regulatorios expedidos en materia de energía eléctrica, con el fin de alinearlos a lo previsto del decreto.
Esta iniciativa fue recibida en la Cámara de Diputados el pasado 1 de febrero, cuando arrancó el periodo ordinario, y el titular del Ejecutivo utilizó su facultad de preferente, con lo que el Congreso de la Unión tiene 60 días para dictaminarla, es decir, los diputados 30 días y el Senado, los siguientes 30.
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El pasado 2 de febrero, EL UNIVERSAL publicó que el presidente López Obrador inició su contrarreforma energética, y su primer paso fue presentar una iniciativa preferente para modificar la Ley de la Industria Eléctrica e implementar una nueva política en la que se fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad y se relegue la energía producida por privados, y así no incrementar los precios a los usuarios.
En este documento se decidió privilegiar la energía eléctrica que produce el Estado mexicano. El Sistema Eléctrico Nacional que será distribuido a los consumidores será alimentado, en primer lugar, por la red de distribución de las hidroeléctricas; en segundo, por lo generado por las plantas de la CFE; en tercero, por la energía eólica o solar de particulares; y al final, la energía de ciclo combinado de empresas privadas.
Con este nuevo esquema, las empresas privadas serán relegadas hasta el tercer y cuarto sitio en la preferencia para surtir energía eléctrica a los consumidores, además de que estarán sujetas a los planes del gobierno en materia de electricidad.
