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El jurista Diego Valadés aseguró que la propuesta de cero dinero a los partidos haría de estos institutos políticos una élite, en los que sólo podría participar 22% de la población, que es la que tiene recursos; pobres e indígenas quedarían fuera.
Además, reformar ahora la Constitución para cancelar en 2018 el financiamiento público a los partidos, podría afectar el principio de equidad del proceso y “generar una gran incertidumbre en el resultado de las elecciones” presidenciales, dijo.
Consideró que sí es posible jurídicamente realizar esas reformas aun con el proceso electoral federal iniciado desde el 8 de septiembre.
En la UNAM, durante el Foro “Financiamiento Público ¿es posible hacer política democrática sin dinero?”, Valadés Ríos planteó sus argumentos en contra de la propuesta planteada por el PRI-PVEM, y por los tres partidos del Frente Ciudadano por México —PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC)—, que han planteado cancelar el financiamiento público para los partidos para el próximo año y permitir que se allegen recursos privados como en otros países.
Indicó que es diferente plantear eso en una sociedad como la alemana, la francesa, la estadunidense o la holandesa, que en México, y además, sin ningún subsidio público, pues aquí 62 millones de personas tienen ingresos menores a los niveles de bienestar según el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval).
De ellos, alrededor de 30 millones de electores no tendrían acceso a un partido, puesto que no tendrían capacidad para contribuir. Si además se considera que de las personas con menores ingresos, 67. 6% es indígena, éstos también estarían marginados de participar en los institutos.
“Sólo 22 % de la población no es pobre ni vulnerable, de acuerdo al Coneval y son los únicos que podrían contribuir con un partido, dejando fuera a todos los demás”, en tanto que las entidades con mayor marginación también estarían fuera.
Así, explicó Valadés, de optar por ese financiamiento para los partidos, tendría entonces que enmendarse el artículo 1 de la Constitución, para establecer como posible la discriminación por razones políticas.
También tendría que modificarse el artículo 41 de la Constitución, para cambiar la naturaleza de los partidos, pues ya no podrían ser considerados entidades de interés público.
En el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, el experto consideró que los partidos que han sugerido esa eliminación de financiamiento público han hecho un “pronunciamiento por el suicidio político”, van por la “demolición” por lo que previó que los partidos seguramente rectificarán.
Dijo que quienes siempre han planteado abolir a los partidos son los regímenes autoritarios y recordó como caso reciente a Hugo Chávez en Venezuela, donde él impulsó una propuesta como la del PRI de cancelar los recursos públicos para los partidos.
En el foro, la académica de la Facultad de Estudios Latinoamericanos (Flacso), Irma Méndez Hoyos; los ex consejeros electorales Jaime Cárdenas y María Marván; la investigadora de la UNAM, Rosa María Mirón, y el especialista Hugo Concha, coincidieron en mantener el financiamiento público sobre el privado, pero se pronunciaron por una reducción del recurso a los partidos.
Méndez pidió en todo caso reducir el financiamiento y endurecer las penas ante irregularidades de fiscalización: “El costo de violar la ley es mínimo”, por lo que optan por hacerlo. Planteó hacer que los partidos obtengan más recursos de sus militantes, pero dejar que sólo haya recursos privados haría que los ricos compraran las campañas y a través del dinero se alterarían las elecciones.
Cárdenas planteó prohibir todo recurso privado en la política, pues es un vehículo de corrupción, ya que se da a cambio de concesiones o contratos. Los partidos de izquierda, al ser los menos favorecidos por el sector privado, se verían sin posibilidad de competir, dijo.
La ex consejera María Marván recordó que el financiamiento privado en el pasado ha demostrado que tiene trasfondo empresarial. Por ejemplo, antes de 1996, el empresario Carlos Slim “tuvo una generosidad tal que donó al candidato del PRI, del PAN y del PRD, dicho de otro modo, prendió tres velitas para no quedar mal”.
La experta de la UNAM, Rosa María Mirón Lince, indicó que si fiscalizar el recurso público es difícil, más lo sería auditar el privado, “sería casi un asunto de fe”.
El especialista y consultor Arturo Espinosa Silis, de Strategia Electoral señaló que los partidos deberían tener en su militancia su principal fuente de ingresos pero, matizó, para campañas si debiera darse financiamiento público.
