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Fue un ganar-ganar. El PAN accedió a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con la legisladora Laura Rojas Hernández, pero a cambio ésta cesará su activismo contra las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sólo así, con esa condición, transitó ayer el apoyo mayoritario de la bancada de Morena, PT y PES que por fin, tras cinco días de jaloneos, dio a la 64 Legislatura de la Cámara de Diputados un gobierno para su segundo año de labores.
Éste estará dominado por mujeres: una presidenta, al igual que ocho integrantes de la Mesa Directiva, entre vicepresidentas y secretarias, y sólo cuatro hombres.
Pero no sólo la Mesa Directiva tiene ahora cara de mujer. El ala dura de la Cuarta Transformación también son diputadas: al menos 27 compañeras suyas en la “Legislatura de la paridad” votaron contra su arribo a la presidencia y 11 se abstuvieron.
La política es dura, sin importar el género, y se cobran caros los agravios, pero Rojas, a su vez, logró quebrar la unidad de Morena: 42 diputados de ese partido votaron en contra del convenio amarrado por su coordinador, Mario Delgado, 37 se abstuvieron y 32 mejor se ausentaron.
En total, 112 diputados morenistas no participaron del acuerdo y ocho de PT y PES ni acudieron, sufragios que siguieron con la consigna adelantada por Delgado Carrillo: “No aceptaremos a quien haya ofendido al Presidente”.
El activismo de Rojas, expresado en los amparos que impulsó en contra del cierre de las estancias infantiles motivaron —ayer quedó claro— el bloqueo del miércoles para impedir que llegara la presidencia sin condiciones.
Así hasta que ayer, jueves, casi noche, en la plenaria de Morena se informó el pacto: “El compromiso es que ella retire su firma de los amparos y acciones de inconstitucionalidad”.
Hubo aún resistencias a votar por ella, o apoyar a Marco Antonio Adame, y dudas de que cumpliera, pero lo hizo.
La misma Rojas, previo a la votación, ofreció ceder en los amparos, como una ofrenda: “En caso de resultar electa me desistiré de las acciones de inconstitucionalidad y de los amparos (...) [Es] obligación del presidente de la Cámara [Baja] conducirse con imparcialidad y con institucionalidad”, aseguró, aunque luego se informara que a su nombre no hay ninguno de los 21 recursos jurídicos.
Por eso evidenciar el pacto fue prácticamente inútil y rudeza innecesaria de la diputada Hildelisa González (PT), quien exigió a gritos, desde su curul, reciprocidad al voto en su favor: “Si la compañera quiere presidir esta Legislatura, ¡que retire su fracción todos los amparos!”. Pero tras el voto mayoritario, no unánime, se desinfló el conflicto, por ahora.
“No hubo condicionantes de Morena”, señaló Rojas, quien ofreció no impulsar ni bloquear ninguna agenda político-partidista.
