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Las dirigencias nacionales del PAN y del PRI amagaron con acudir a la Suprema Corte (SCJN) a interponer una acción de inconstitucionalidad si el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, continúa con su plan de dejar en manos de sus 32 “coordinadores estatales” la colaboración en materia de seguridad a nivel local.
De manera paralela, las bancadas del PAN en la Cámara de Diputados y en el Senado respaldaron el pronunciamiento de sus 12 gobernadores, quienes se rebelaron este viernes y, a través de un desplegado, se negaron, junto con sus fiscales estatales, a quedar supeditados a la figura de los “coordinadores estatales” en el plan de seguridad, pues quedarían “como meros invitados” en la estrategia anticrimen.
Los 12 gobernadores firmantes del desplegado (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán) señalaron que este plan de seguridad, no nada más pone en riesgo objetivos claros en la materia, sino que resulta “inconcebible” que sea una solución de fondo al problema de la inseguridad y de la delincuencia que se vive en el país, “sin la concurrencia efectiva” de los gobiernos.
Pronunciamientos. El líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que de no corregir el planteamiento el próximo gobierno, Acción Nacional recurrirá a las instancias legales para frenar este golpe al federalismo por parte del presidente electo.
“En principio, impulsaremos la presentación de un recurso de inconstitucionalidad para tratar de revertir la decisión del Ejecutivo”, dijo.
En este sentido, el CEN panista respaldó el rechazo de los 12 gobernadores al plan de seguridad de López Obrador, y Cortés destacó que permitir que los “coordinadores estatales” asuman tareas de los mandatarios generará conflictos, descoordinación y significaría violar el pacto federal, anulando en los hechos el voto de los ciudadanos, pues fueron ellos los que eligieron a sus autoridades.
“Los 32 coordinadores estatales creados por el nuevo gobierno no pueden ni deben asumir funciones en los consejos de seguridad locales, porque esa función les corresponde a los gobernadores electos por los ciudadanos. Colaboración, sí, pero no subordinación ni sometimiento al nuevo gobierno”, enfatizó el panista.
Acción Nacional explicó que sus gobiernos colaborarán en el ámbito de su competencia con las autoridades federales, “pero la colaboración no debe ser entendida como sometimiento de los gobiernos locales”.
En ese sentido, convocó a la sociedad civil organizada, a los partidos de oposición y a los mexicanos, para que se sumen a la defensa de México ante las arbitrariedades del nuevo gobierno en materia de seguridad pública.
Los diputados panistas, que encabeza Juan Carlos Romero Hicks, afirmaron que los superdelegados solamente “significarán la violación del pacto federal, y la invasión de atribuciones en materia de seguridad”.
“Los diputados panistas entienden que al nuevo gobierno le asiste la razón de contar con nuevas formas de organización, pero eso no significa la violación del pacto federal. De ninguna manera puede ir contra el voto de los ciudadanos que depositaron en sus gobernadores para que les otorguen seguridad pública”, precisaron.
Acusan de atentar contra la soberanía. En su oportunidad, la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Ma- ssieu, advirtió que su partido explorará acciones constitucionales para revalorar la figura de los superdelegados creados y aprobados en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La también senadora tricolor señaló que la figura de los superdelgados violenta y vulnera el sistema federal.
Los alcances que estos delegados tendrán, añadió, atentan en contra de la soberanía de las entidades.
“Los superdelegados están concebidos más que como servidores, como futuros candidatos. Exploraremos acciones constitucionales para que se revalore la creación de esta figura”, escribió en Twitter.
Subrayó que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene diversas irregularidades, en particular en referente a la creación de los superdelegados en las entidades.
El PRI, puntualizó, presentó durante la discusión de la ley, una propuesta para agregar el artículo 13 Transitorio Vigésimo Tercero, a fin de que los delegados no sean figuras que al hacer uso de los recursos federales que administrarán y de los datos personales que tendrán en su poder, se conviertan en supercandidatos.
