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El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación por presuntas compras irregulares del sector salud , es decir, el INSABI, la Secretaría de Salud y el IMSS.
Los diputados panistas acusaron compra irregular de medicamentos e insumos y la contratación de servicios por la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa Nacional.
La querella la presentaron el coordinador parlamentario Juan Carlos Romero Hicks, los diputados Éctor Jaime Ramírez Barba, Juan, Jorge Arturo Espadas Galván, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Sergio Fernando Ascencio Barba, Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, Carlos Elhier Cinta Rodríguez, Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Karen Michel González Márquez, Janet Melanie Murillo Chávez, Sarai Núñez Cerón, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Fernando Torres Graciano y Ricardo Villarreal García.
Los panistas aseguraron que hay opacidad en las adquisiciones y muchos indicios de corrupción al más alto nivel y ejemplificaron que hay 700 millones de pesos gastados por el IMSS sin documentación suficiente para identificar los bienes y servicios adquiridos.
Explicaron que de acuerdo con lo reportado en COMPRANET y los análisis realizados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), plasmados en el documento “¿Compras de emergencia o compras de pánico?”, se identifican tendencias y patrones preocupantes.
En una situación de emergencia, el dispendio de recursos no se justifica y el gobierno federal debería preocuparse por hacer un mejor uso del dinero de los mexicanos para enfrentar una pandemia que amenaza con convertirse en una crisis humanitaria.
Es claro que los gastos realizados para atender la pandemia, por las instituciones de salud como el IMSS, ISSSTE, INSABI, y las Secretarías de Salud, Marina y Defensa Nacional, se realizan con una gran opacidad y falta de información.
Una gran parte de las compras realizadas incumplen con los requisitos mínimos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que no hay garantía de que se adquirieron al mejor precio, a empresas sin conflictos de interés o que en realidad se estén entregando los medicamentos, insumos y servicios contratados.
Además, respecto de los recursos destinados a la emergencia es preocupante señalar que la mayoría son adjudicaciones directas, sin controles adecuados, que aumentan los riesgos de corrupción.
Por ejemplo:
• 700 millones de pesos gastados por el IMSS no cuentan con documentación suficiente para identificar los bienes y servicios adquiridos.
• Tanto el ISSSTE y como la SEDENA han adquirido equipo médico especializado con empresas cuyas operaciones son ajenas al sector salud. En el caso del ISSSTE éste ha pagado hasta seis veces más que el IMSS por equipamiento médico similar.
• SEDENA ha asignado contratos a una empresa con un giro ajeno al sector salud, por más de tres millones 360 mil pesos
• El caso del INSABI es motivo de alarma que actué con total opacidad pues no existen registros de los contratos ni de las compras de insumos para la salud para atender la emergencia sanitaria; lo que hace imposible rastrear las compras que ha realizado.
• No hay un solo registro público disponible sobre las compras y adquisiciones realizadas por el INSABI; y sólo contamos con los anuncios públicos del Presidente López Obrador y funcionarios de su gabinete sobre la compra de equipos e insumos médicos.
• Tampoco existe información disponible sobre la ejecución de programas de inversión por más de 9 mil millones de pesos que se anunciaron como parte del inicio de operación del INSABI. Todas estas acciones las ha realizado sin transparentar la información.
• Mucho menos sabemos en qué se están gastando los 40 mil millones de pesos que se le transfirieron de manera adicional a su presupuesto ordinario, del que anteriormente era el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.
Por ello, los panistas dijeron que ante tantos indicios de violaciones a la ley y malversación del gasto público, la Auditoría Superior de la Federación debe actuar.
En su denuncia, los panistas solicitaron al Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, se revise el ejercicio del gasto durante el primer semestre de 2020, relacionado con la compra de medicamentos e insumos y contratación de servicios del sector salud, por la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa Nacional; ante las posibles violaciones a la normatividad cometidas en su ejercicio.
Los panistas consideran que conforme a lo que señala la ley, la Auditoría deberá emitir un informe detallado a la Cámara de Diputados y a la Opinión Pública, sobre el resultado de la revisión a partir de esta denuncia.
La Auditoría Superior de la Federación deberá investigar y en caso de configurarse los delitos aquí señalados, deberá iniciar el fincamiento de responsabilidades y promover las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República para imponer las sanciones que procedan.
Como es evidente, en los últimos meses, la demanda de insumos y equipo médico para contener la epidemia ha aumentado, ante la creciente incidencia de contagios y enfermos; ello hace necesario que todas aquellas compras de equipos e insumos para la salud se hagan oportunamente, pero también con total transparencia y administrando de la mejor forma el dinero de los mexicanos.
“La emergencia aún no termina, necesitamos realizar las acciones que permitan respuestas efectivas, las compras públicas no pueden seguir realizándose bajo mecanismos discrecionales y opacos”, finalizaron.
maot
