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El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) realizará en 2018 al menos 29 auditorías y 26 procesos de seguimiento a contratos para renovar los equipos de cómputo del organismo, adquisición de bienes y licencias, así como reclutamiento de personal.
En oficinas centrales se realizarán siete auditorías financieras y una de tipo especial en la que se revisará el soporte documental de gastos en servicios personales, evolución presupuestal y disponibilidades bancarias, procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios.
De acuerdo con el plan de trabajo del Órgano Interno de Control del INE, en las revisiones del primer semestre del año no se abordarán temas relacionados con el proceso electoral, y se realizarán auditorías financieras, de obra pública, inversión física y desempeño.
“Se auditará la gestión administrativa de aquellas áreas que, sin estar directamente relacionadas con el proceso electoral, realizan funciones que por su relevancia conviene evaluar, también de aquellas cuyos resultados de auditorías anteriores revelan la presencia de problemáticas que ameritan ser continuamente verificadas, y finalmente aquellas que no han sido recientemente auditadas”, se informa.
Pasada la elección serán sometidas a fiscalización las erogaciones realizadas por las áreas que incidan directamente en la organización y desarrollo de los comicios 2017–2018, desde los enfoques financiero y de desempeño.
En el documento se recuerda que los resultados de las auditorías realizadas al INE en el pasado revelan que se requiere controlar el crecimiento de personal, establecer sus “dimensiones estrictamente indispensables”, planear adquisiciones para que no sean al final del año ni “improvisadas”, con el fin de reducir la disponibilidad de recursos.
“El reto es mostrar, de forma integral, con base en los resultados de auditoría, aquello que el INE hace bien, lo que puede mejorar y lo que debe corregir, respecto de la erogación de recursos públicos”, señalaron en el instituto.
Se establece también que a consecuencia de las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Órgano Interno de Control del INE tendrá la obligación en 2018 de verificar que rindan declaraciones de situación patrimonial y de intereses, ya no 3 mil 700 servidores desde jefes de departamento hasta los consejeros electorales, sino 68 mil personas.