A solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal libró orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Fuentes federales confirmaron que la investigación contra el mandatario es integrada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR, que obtuvo la orden de un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Las fuentes consultadas señalaron que esta investigación y la orden de captura son independientes al proceso que se sigue contra el gobernador por el delito de defraudación fiscal, por el que la Cámara de Diputados avaló quitarle el fuero.
El Instituto Nacional de Migración (INM), adscrito a la Secretaría de Gobernación, emitió una alerta contra García Cabeza de Vaca, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó congelar las cuentas del gobernador y otras personas físicas y morales supuestamente vinculadas a él y la red de lavado de dinero detectada por las autoridades.
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La FGR solicitó la emisión de una ficha roja a la Interpol para que, en caso de que el gobernador esté fuera de México sea buscado en 192 países.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo en Twitter que la orden de bloqueo incluye a 12 personas físicas y 25 empresas entre las que se encuentran las de María de Lourdes Cabeza de Vaca, madre del gobernador, y las de su esposa, Mariana Gómez.
“Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables”, indicó el funcionario.
“Continuaremos las investigaciones para determinar si de la red de Francisco ‘G’ o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales. En su caso, presentaremos las denuncias”, argumentó.
También fueron bloqueadas las cuentas de José Manuel e Ismael García Cabeza de Vaca.
El pasado 10 de mayo, el círculo cercano del gobernador fue señalado por la FGR debido a que recibió información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, relacionada con posibles operaciones irregulares.
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La FGR expuso que recibió información sobre las posibles responsabilidades penales del gobernador, sus hermanos Ismael y José Manuel y su suegro José Ramón Gómez Reséndez, así como de diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales “vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas que, por ser nuevas probanzas que las autoridades de procuración de justicia mexicana acaban de recibir, se integrarán a la carpeta de investigación”, subrayó.
En las investigaciones iniciadas por las autoridades, la UIF detectó la adquisición y venta de un departamento en Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México, por 42 millones de pesos y la compra de un rancho en Soto La Marina, Tamaulipas, por 38 millones de pesos, el cual fue adquirido por una empresa fantasma propiedad de un socio del gobernador.
El mandatario también adquirió, supuestamente a través de socios y familiares, inmuebles en Reynosa, Tamaulipas y McAllen y Edinburg, Texas, valuados desde 5.9 a 10.7 millones de pesos.
En julio y noviembre de 2020, la UIF presentó dos denuncias en contra del gobernador por los hechos reportados por el morenista Alejandro Rojas Díaz Durán y por la venta del departamento.
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Ambas denuncias fueron presentadas ante la SEIDO y hace un par de semanas fueron ampliadas porque la UIF recibió información complementaria sobre empresas y supuestos prestanombres utilizados por el gobernador para lavar dinero.
A éstas se sumó el 22 de enero de 2021 una denuncia más ante la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) por los hechos de corrupción reportados por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
