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Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral emitir lineamientos para garantizar candidaturas a personas con discapacidad, afrodescendientes e integrantes de las comunidades LGBTTIQ+ en las elecciones que se celebrarán el próximo año.
Se trata de un proyecto que presentó la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso para modificar el acuerdo del Consejo General del INE en el cual se definieron los criterios para la postulación de candidatos para diputados federales de elección mayoría relativa y representación proporcional para el proceso electoral federal en curso, "y ordenar a dicha autoridad que establezca una acción afirmativa tendiente a garantizar el acceso a las personas en situación de vulnerabilidad a dichos cargos de elección popular".
Además, se le ordena al INE que defina en cuáles de los 21 distritos electorales uninominales habrán de postularse las candidaturas a diputaciones de personas indígenas.
El argumento de la magistrada es que las medidas tomadas por el Consejo General del instituto buscan eliminar las barreras que tradicionalmente han colocado a las mujeres y personas indígenas en condiciones de desigualdad en el acceso a los cargos de elección popular, y a generar una base mínima para ellos, es decir: acciones afirmativas.
Sin embargo, hubo omisiones del instituto para implementar este tipo de medidas para garantizar el acceso de personas con discapacidad, de la comunidad LGBTTIQ+ y afrodescendientes a la candidaturas partidistas para el Legislativo.
"Estoy proponiendo que también se ordene al INE que haga extensiva las medidas ordenadas a otros grupos sociales tradicionalmente colocados en alguna situación de desventaja. La igualdad debe aplicarse para todas las personas sin necesidad de que acudan a clamar justicia ante las instancias jurisdiccionales", señaló.
"Esperar a que acudan a los tribunales a solicitar la implementación de las acciones necesarias sería revictimizante, máxime que es obligación de las autoridades mexicanas".
Además, en su resolución, se propone que el consejo general del INE extienda estas medidas propuestas a todos aquellos grupos, comunidades o personas que usualmente se han visto subrepresentadas, se encuentran en una situación de vulnerabilidad o que por virtud de ello no cuentan con una representación legislativa efectiva, todo ello cuidando el principio de paridad de género; es decir que los partidos y coaliciones deberán postular candidatos hombres y mujeres por igual.
Se ordenó dar vista y vincular al Senado y la Cámara de Diputados para que legislen e inserten las acciones que garanticen la representatividad política de estos grupos de la población.
"Estas medidas que hoy estamos tomando son temporales y que el órgano legislativo tiene en sus manos el poder hacer estas acciones afirmativas una realidad", dijo.
"Que la democracia mexicana sea cada vez más representativa de la diversidad que existe en nuestro país", pidió la magistrada Janine Otálora al votar a favor de la sentencia.
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