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Ciudad de México.- La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México envió a la Cámara de Diputados una serie de consideraciones con respecto a las Leyes del Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones, donde expresó “hay aspectos preocupantes”.
“La ONU-DH reconoce la inclusión de algunos elementos que son acordes con los estándares internacionales sobre la materia, tales como los principios del uso de la fuerza y la perspectiva de género. Estas incorporaciones positivas no impiden señalar aspectos preocupantes”, subraya en el documento, Jan Jarab, representante del organismo en México.
Para la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la ONU-DH consideró nueve rubros donde los diputados federales deben hacer modificaciones. Uno de ellos es que con la legislación “se podría vulnerar el derecho a la protesta y a la libre manifestación”.
De acuerdo con el documento, en la ley se mantiene una perspectiva de “control de multitudes” y no la de garantizar el derecho a la manifestación, y solo usar la fuerza en el caso de que exista violencia contra los manifestantes.
“Preocupa que las protestas o manifestaciones puedan calificarse de acuerdo al “objeto lícito” que persiguen, lo que sería contrario al derecho de libertad de expresión, además, de poner en riesgo la vida e integridad personal al autorizar el uso de armas de fuego cuando no se reúna el requisito de licitud”, abunda la ONU-DH.
Además, la oficina considera que la Ley no incluye a los agentes migratorios entre las autoridades que hacen uso de la fuerza, e incluye “términos laxos e imprecisos” , que impiden conocer con precisión el ámbito de su aplicación, como “persona autorizada por el Estado” y “neutralizar”.
El documento también acusa que no se hace una “debida regulación” del uso de la fuerza letal ni de la gradualidad en el uso de la fuerza. Igual ven una “regulación insuficiente” del principio de proporcionalidad y uso diferenciado de la fuerza.
Respecto a la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la ONU-DH consideró que la minuta “puede ser mejorada” mediante la incorporación de tres aspectos, uno de ellos, incluir en el registro lo relativo a la nacionalidad de la persona como uno de los primeros campos a recabar.
Las otras dos corresponder a incluir en la operación del registro de detenciones lo relativo a las llevadas a cabo bajo la jurisdicción militar, y otra la de establecer lo relativo al lugar donde la persona permanece privada de la libertad y al que es trasladada.
