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Organizaciones y líderes sociales agrupados en el movimiento #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, entregaron al Senado una iniciativa ciudadana para reformar el artículo 102 de la Constitución, a fin de que se cree una Fiscalía General de la República autónoma.
En el salón de protocolo de la Mesa Directiva, el presidente del Senado, Ernesto Cordero (PAN), recibió de los representantes de dichos colectivos, encabezados por el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, la propuesta que solicita una Fiscalía General de la República que cuente con sus propios recursos humanos y materiales para cumplir con sus funciones.
“Quienes integramos estos colectivos hemos venido participando desde 2014 en la reforma constitucional en materia de justicia. Hoy presentamos este proyecto de dictamen de lo que consideramos debería de ser una reforma de fondo para configurar la Fiscalía General de la República”, expresó De Hoyos.
El pronunciamiento leído ayer en el Senado por parte de las organizaciones civiles señala que desde noviembre de 2016 el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa para suprimir el llamado “pase automático”, iniciativa con la que, dijo, “coincidimos, pero la consideramos insuficiente”.
La credibilidad de la nueva fiscalía, señalaron, dependerá de que la designación de su titular sea “legítima ante los ojos de la ciudadanía”, razón por la cual el llamado “pase automático” es a todas luces “inaceptable”.
“En nuestras propuestas no hay pronunciamiento en favor o en contra de persona alguna que aspire a encabezar esa institución. No tenemos candidatos. El dictamen ciudadano sólo se pronuncia por un proceso abierto, competitivo y meritocrático. Queremos una fiscalía fuerte, pero con mecanismos de control interno y de rendición de cuentas”.
En respuesta, el senador Cordero externó que una vez que inicie la discusión en comisiones del dictamen, su propuesta se podrá debatir junto con las que ya se tienen registradas.
“Decirles que vemos con coincidencia lo que están presentando, evidentemente habrá que entrar a los detalles, empezar la discusión que debe ser transparente, constructiva, amplia y profunda. No podemos estar sujetos a volvernos a equivocar en un diseño inconstitucional que no responda a lo que todos estamos esperando”, aseveró.
Para la elección del fiscal General de la República, el colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva no sólo propone eliminar el pase automático de procurador a fiscal, sino también reducir de nueve a seis años el periodo de su encargo.
La iniciativa establece como candado que los aspirantes a fiscal no deben haber desempeñado ningún cargo partidista o de representación popular en los últimos cuatro años.
De acuerdo con la propuesta de las organizaciones sociales, académicos, empresarios y defensores de derechos, la postulación de candidatos a fiscal general será mediante concurso público y evaluación técnica en el cual participe la sociedad civil.
Sello ciudadano. Piden también evaluación técnica de una Comisión de Designaciones independiente, como la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
La comisión estará formada por nueve personas electas por el Senado, que cuenten con prestigio académico o profesional en procuración de justicia, derechos humanos, combate a la corrupción y políticas públicas en materia de seguridad y justicia, que durarán en el cargo cinco años.
La comisión elaborará una lista con seis aspirantes —aprobada por dos terceras partes de los senadores presentes— que será enviada al Ejecutivo para que elija una terna que regresará al Senado.
De la terna propuesta por el Ejecutivo, el Senado, previa comparecencia pública de los candidatos, elegirá al fiscal por mayoría calificada.
La iniciativa prevé que en caso de que el Senado no llegue a un acuerdo sobre el nombramiento, lo haga la Suprema Corte de Justicia.
La propuesta le quita al Ejecutivo la atribución de remover al fiscal general y faculta al Senado para hacerlo, también en el caso de los fiscales especializados, mediante el voto de una mayoría calificada y audiencias públicas, respetando las reglas del debido proceso.
Proponen crear un Consejo del Ministerio Público de la Federación, integrado por el fiscal general, quien lo presidirá, y seis consejeros cuya atribución será evaluar el desempeño de la Fiscalía General y especializadas, órganos de control, unidades y órganos técnicos y administrativos, así como a sus servidores públicos.
