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El nuevo formato para llenar la declaración 3de3 no sirve por sí solo, pierde utilidad o valor si no se garantiza que se investigarán las denuncias de corrupción , que habrá sanciones y que se harán públicas las declaraciones de intereses, patrimonial y bienes de funcionarios públicos, cónyuges y dependientes económicos, coincidieron especialistas.
Eduardo Bohórquez, presidente de Transparencia Mexicana
, consideró que el formato aprobado en noviembre de 2018 era mucho más estricto en términos de la información que se requería a los servidores públicos, en particular en materia de conflicto de intereses . Lo que “claramente no consideran estos formatos” es la publicidad de las declaraciones fiscales o parte de ella.
“Estas son medidas preventivas, que bien aplicadas pueden evitar algunos casos de corrupción o controlar potenciales conflictos de intereses. Sin embargo, si las investigaciones no conducen al desmantelamiento de redes y a la recuperación de activos, pueden perder utilidad. La información en poder del Estado y de la opinión pública tiene que utilizarse con sentido estratégico. Si no, pierde valor”, dijo.
Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, consideró que la aprobación de los nuevos formatos 3de3 son "excesivas" y podrían hacer inviable la persecución de ciertas manifestaciones porque entre más complejo sea el entramado legal, más recursos se necesitarán, en términos de investigación y carga probatoria, para poder llegar a aplicar sanciones .
"Como siempre, nos excedemos en las medidas. La pregunta es ¿queremos disuadir, hacer una cacería de brujas o mejorar el sistema? Lo que realmente habría que mejorar es la investigación antes de complicar más la norma. Vemos que en los casos más escandalosos, como Oderbrecht, aún no hay una investigación que compruebe nada. Lo que más funciona es abatir la impunidad y hoy no tenemos evidencia de que eso esté ocurriendo", dijo en entrevista.
El exdirector el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Enrique Cárdenas Sánchez, participó e impulsó en el lanzamiento de la iniciativa ciudadana que llevó en 2016 a la aprobación de la llamada “Ley 3de3”, que obliga a todos los funcionarios públicos a presentar y hacer pública su declaración patrimonial, de intereses y tributaria .
Explicó que era muy necesario cambiar los formatos que existen puesto que la plataforma DeclaraNet , que es la vigente, es “muy básica”; sin embargo, consideró que los solos cambios en los formatos 3de3 no son suficientes para garantizar que habrá investigaciones y sanciones a los servidores públicos involucrados en casos de corrupción. El detalle será lograr que sea más información la pública que la reservada.
“Nada por sí sólo te resuelve el problema. Esta declaración por lo menos te abre la información y la posibilidad de que sean más fácilmente perseguibles muchas cosas. Estoy muy a favor del sistema pero la realidad es que la clase política ha estado en contra del Sistema Anticorrupción todo el tiempo, la realidad es que no lo han dejado ser ni nacer siquiera. La prueba de que va a ser en serio va a ser qué tanto se defiendan las instituciones para la publicación o la reserva de información”, dijo.
El tener información pública permite que los ciudadanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil den seguimiento a los casos, investigan y hagan descubrimientos que, posteriormente, la autoridad se verá obligada a dar seguimiento. Esta es la razón por la cual es necesario que la información patrimonial, de conflicto de intereses y tributaria de los funcionarios públicos se haga pública en lo posible.
Pablo Montes, director del programa Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO), consideró que para lograr estas investigaciones y seguimiento ciudadano, el sistema DeclaraNet no funciona. Por ello, es fundamental saber y entender qué tanto los datos serán públicos y cómo llegar a un óptimo entre el derecho a la privacidad y la transparencia.
Además, los formatos 3de3 por sí solos no funcionan si no se crea una plataforma que permita analizar y comunicar las bases de datos de las declaraciones de los funcionarios con los registros del Servicio de Administración Tributaria, el Registro Público de la Propiedad y la Secretaría de la Función Pública para poder agilizar la investigación de la SFP.
“Si los formatos son sólo un pliego de papel que va a quedar en un archivo, por más completo que sea ese papel no va a funcionar si no se comunica y no es comprobable de manera fácil. Si se archiva no sirve, tenemos que ver cómo se van a hacer las investigaciones. El objetivo es cerrar la pinza y permitir que los ciudadanos puedan hacer sus propias preguntas e investigaciones, también a los periodistas”, dijo.
Ayer, EL UNIVERSAL dio a conocer que en el interior del Sistema Nacional Anticorrupción se perfilaba el endurecimiento de las declaraciones fiscales, de situación patrimonial y de intereses, mejor conocida como 3de3, para funcionarios desde jefe de departamento hasta secretarios de Estado, que se extenderá a cónyuges y dependientes económicos.
La propuesta plantea que los servidores públicos de primer nivel y ahora también sus parejas y dependientes económicos tendrán que declarar de manera detallada cuáles son sus empresas e inversiones, qué instituciones les dan o han dado dinero o de quiénes han recibido beneficios, y sobre la adquisición o disfrute de bienes inmuebles propios o en comodato. Los funcionarios deberán indicar quiénes son sus clientes principales y a qué personas o empresas han representado legalmente.
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