La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados acordó dictaminar el próximo 5 de febrero la nueva Ley del Congreso General, una de las propuestas del legislador Porfirio Muñoz Ledo para transformar al Poder Legislativo.
Servicio Profesional de Carrera, crear un Instituto de Investigaciones Parlamentarias e institucionalizar el parlamento abierto —tareas en las que hay avances, aun sin la nueva ley— y fortalecer la difusión del quehacer legislativo a través del canal de televisión y una estación de radio del Congreso son parte de las propuestas a dictaminar.
Además de profesionalizar el trabajo legislativo, se pretende generar más ahorros con la nueva legislación, pues, según la opinión sobre el impacto presupuestal de la fusión de los cinco Centros de Estudio de la Cámara para dar lugar al nuevo instituto, esto generará ahorros de 51.2 millones de pesos.
Aunque son 43 las propuestas de reforma a la actual Ley Orgánica del Congreso, la iniciativa de una nueva Ley del Congreso General, que ha sido uno de los ejes de discusión, fue presentada por Muñoz Ledo a fines de 2018.
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Ésta incluye cambios que requieren el acompañamiento de reformas constitucionales, pero en otros establece el paso a paso de procedimientos que ya están en la Constitución pero carecen de reglas, como, por ejemplo, para que el Congreso General se erija en Colegio Electoral.
En ese caso, ante la ausencia absoluta del presidente de la República en los dos primeros años del periodo, la Constitución indica que asume el cargo el secretario de Gobernación, pero instruye a ambas cámaras a erigirse en colegio electoral y nombrar un presidente interino.
La propuesta plantea que la terna de candidatos la formularán en sesión conjunta las Mesas Directivas y las Juntas de Coordinación de ambas cámaras y la pondrán a votación del Colegio Electoral para elegir en escrutinio secreto y por mayoría de votos al interino. Después de 10 días se sometería a votación la fecha de la elección.
En caso de presidente sustituto, como es el que se nombraría si la falta absoluta del presidente se da en los cuatro últimos años del periodo, la terna será formulada también en sesión conjunta de las Mesas Directivas y las Juntas de Coordinación de ambas cámaras.
La iniciativa también propone restaurar la ceremonia del Informe presidencial —tema en el que persisten diferendos entre las bancadas— con la asistencia del jefe del Ejecutivo a San Lázaro.
Ahí el mandatario presenciaría las intervenciones de todas las bancadas y daría un mensaje, que sería respondido por el presidente del Congreso. Las fechas propuestas para la rendición del Informe son el 1 de agosto en su primer año de gobierno o el 1 de septiembre de cada año.
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La iniciativa presentada por el morenista propone también que, a partir de 2024, el nuevo presidente de la República inicie el ejercicio del cargo el 1 de octubre, y establece procedimientos alternativos para que pueda rendir protesta cuando no pueda hacerlo ante el Congreso.
Se plantea que lo haga ante las Mesas Directivas de las dos cámaras, tanto la de Diputados como la de Senadores, o bien, como ya lo prevé el artículo 87 de la Constitución Política, ante la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Además introduce reglas para que los legisladores puedan ejercer la facultad de recurrir a las controversias constitucionales. Para esto deberán presentar un escrito, ante la Jucopo respectiva, la que a su vez solicitará a la Mesa Directiva que el Área Jurídica emita en no más de cinco días una opinión técnica sobre su procedencia o no.
La junta dará a conocer el proyecto de demanda y la someterá a votación del pleno; de proceder se presentará ante la SCJN. Incluso, el presidente de cada cámara podrá por sí mismo presentar una demanda de controversia constitucional cuando lo estime necesario, aun en los periodos de receso.
La propuesta de ley también limita la posibilidad de que el mandatario ejerza el “veto de bolsillo”, pues se propone facultar al Congreso a publicar en el Diario Oficial de la Federación los decretos o leyes que no hayan sido observados por el Ejecutivo, una vez que se cumplan los plazos que marca la Constitución, con lo que el jefe del Ejecutivo no podría vetar a través de la no publicación del decreto respectivo.
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Respecto al parlamento abierto, propone sustituir el Comité de Gestoría y Quejas con la creación del Comité de Parlamento Abierto y Participación Ciudadana, mismo que también existiría en el Senado de la República y que se encargaría de ser el vínculo con la sociedad para las tareas legislativas.
Otras propuestas que serán dictaminadas se refieren a la conformación de comisiones del Congreso y de la Jucopo de forma paritaria, presentada por la diputada Martha Dekker, del Partido del Trabajo, o la de Javier Hidalgo, de Morena, que elimina secretarías administrativas y las unifica en una sola secretaría general, además de que transparenta las subvenciones de los grupos parlamentarios y reduce cargos burocráticos.
