justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
María Guadalupe Rodríguez Martínez, directora general de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) del Frente Tierra y Libertad en Nuevo León, solicitó un amparo contra el aseguramiento de cuentas bancarias ordenado por la Procuraduría General de la República, pero no tuvo éxito.
Rodríguez Martínez es investigada por la PGR por el supuesto desvío de 100 millones de pesos dirigidos a los Cendis, mismos que fueron depositados en sus cuentas personales.
Según investigaciones y el esquema de presunto lavado de dinero que la PGR detectó, el gobierno de Nuevo León depositó el pasado 2 de febrero dinero para sufragar los gastos educativos que generan los Cendis en la cuenta número 0669150285 de Banorte a nombre de Rodríguez Martínez, según consta en el oficio firmado por el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón; el secretario de Gobierno estatal y la oficial Mayor.
Esto, debido a que el pasado 1 de febrero Rodríguez Martínez, quien es esposa del líder nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, en su carácter de directora general de los Cendis solicitó los recursos provenientes de una partida del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Esa cuenta y una más con número 00680890055 fueron aseguradas por la PGR desde agosto pasado, puesto que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó que además de recibir los recursos federales en su cuenta personal Rodríguez Martínez realizó transacciones bancarias para depositar el dinero en un fondo de inversión a su nombre.
Al momento del aseguramiento la cuenta aún tenía 62 millones 647 mil 688 pesos, sin embargo, entre la orden de congelamiento y la ejecución del mismo efectuada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la cuenta tenía un saldo de 54 millones 198 mil 919.45 pesos, es decir, 8 millones 448 mil 768 pesos menos.
Del fondo de inversión, la directora de los Cendis del Frente Popular fondeó otras tres cuentas bancarias a nombre de María Mayra Paredes Díaz, María Cristina Martínez y Héctor Quiroz García, líder estatal del PT en Aguascalientes.
Por ello, ante el juez Tercero de Distrito de Nuevo León solicitó el amparo, asunto en el que le fue negada la suspensión definitiva y actualmente está pendiente de resolverse un recurso de revisión con el que Rodríguez Martínez intenta descongelar sus cuentas.
La Tesorería estatal depositó los recursos en su cuenta personal a pesar de existir dos cuentas a nombre de los Cendis del Frente Popular, puesto que la PGR registró que hasta agosto pasado las cuentas 0334662796 y 0334663953 de Banorte tenían como saldo 10 mil y cero pesos, respectivamente.
Al solicitar los recursos, la esposa del líder nacional del PT se autodenominó beneficiaria del dinero que le fue depositado.
“Hubo entonces una distracción de los recursos porque se le autoriza recibirlos, pero no en su cuenta personal, pues hay dos cuentas a nombre de los Cendis”, indicó el fiscal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que está encargado del proceso penal que se sigue en contra de Héctor Quiroz García por su presunta participación en la red de lavado de dinero derivado del desvío de recursos.
Marlén de la Peña Vega, directora del Cendi de Monterrey, explicó que cada centro solicita los recursos directamente a María Guadalupe Rodríguez Martínez, puesto que ellos no manejan directamente el dinero, y que antes los cheques de nómina eran firmados por María Mayra Paredes Díaz y Laura Elena Guerra, encargada de administrar dichas entregas.
El único detenido. En su declaración inicial, Héctor Quiroz García, líder del Partido del Trabajo (PT) en Aguascalientes, admitió que se involucró en actividades que lo colocan en el perfil de un testaferro, y a pesar de ello alegó ser inocente.
Su declaración fue emitida el 11 de septiembre pasado y dijo que desde hace 10 años él abrió la cuenta bancaria número 00534259811 en Banorte, por la que es investigado por lavado de dinero debido a que el Frente Popular Tierra y Libertad así se lo requirió.
Por el comportamiento que refirió, la UIF afirmó que su perfil coincide con el de un testaferro, pues además registró seis domicilios diferentes en Aguascalientes, Monterrey y la Ciudad de México.
“Declaró que no tiene certeza del origen de los recursos depositados a esa cuenta y que sabe que son recursos públicos, pero no sabe para dónde van”, relató el fiscal de SEIDO.
“Desde que abrió la cuenta no sabe para qué se usan los recursos y sólo va a Nuevo León cuando se le requiere con una persona de nombre Lupita, que es quien le hace firmar los cheques y que no tiene ningún documento que ampare esos cheques”, dijo el fiscal.
