Los dos principales colaboradores del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin desmintieron la versión de que les entregó dinero para sobornar a legisladores y lograr la aprobación de las reformas estructurales del expresidente Enrique Peña Nieto.
Ayer se realizó la continuación de la audiencia inicial del caso contra Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador panista denunciado por Lozoya, por supuestamente formar parte de un grupo que lo “extorsionaba” para exigir millonarios sobornos a cambio de dar su voto a la reforma energética.
La diligencia se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, donde la defensa de Lavalle presentó 20 datos de prueba de descargo para evitar que el exfuncionario sea vinculado a proceso por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, delitos que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR).
Al cierre de esta edición, el juez aún no emitía su resolución y las partes continuaban debatiendo sobre pruebas.
José Joaquín Zapata, abogado del exlegislador, informó que entre los datos se encuentran las entrevistas que la defensa tuvo con Francisco Olascoaga, exjefe del departamento administrativo de la Dirección General de Pemex, y Rodrigo Arteaga, exsecretario particular de Lozoya, quienes contradijeron los dichos que el exdirector de Pemex realizó en su denuncia presentada en agosto del año pasado y con la que busca acceder a un criterio de oportunidad.
“Se cuenta con la declaración de dos personas ‘FOR y RAS’, que son a la que señala Lozoya que realizaron la conducta y que, una vez que pudieron ser entrevistadas por esta defensa, niegan los hechos narrados”, dijo Zapata.
La entrega del dinero a exfuncionarios del Senado aparece en un video en el que se ve a Rafael Caraveo, exoperador de los parlamentarios panistas, recibiendo maletas con el numerario de manos de los colaboradores de Lozoya.
En los hechos narrados por el exdirector de Pemex, Olascoaga y Arteaga tenían como instrucción recabar los recibos de los sobornos.
Fuentes federales indicaron que la FGR atribuyó a Lavalle el manejo de 53 millones de pesos, supuestamente provenientes de los sobornos que recibió y que constituyen la cantidad entregada a Lozoya por la constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos de obra pública.
