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La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda exhortaron al Congreso de la Unión a reformar la legislación en la materia para eficientar la prevención y el combate a la trata de personas.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, denunció una gran ineficacia de los sistemas de justicia, porque hasta ahora sólo hay 790 sentencias firmes para encarar este problema.
Advirtió que la Ley contra la Trata de Personas tiene limitaciones para atender el problema, al enfrentar de manera inadecuada la composición del fenómeno delictivo, ya que establece varios tipos penales, de los cuales sólo uno se adecúa a la trata de personas con base en el Protocolo de Palermo, lo que dificulta la correcta identificación y prevención del delito.
“A nuestro juicio, 10 años después de haberse aprobado esa ley es necesario impulsar una reforma que defina claramente el delito de trata de personas, diferenciándolo del delito de explotación, lo que permitirá enfrentar los más altos niveles de injusticia e impunidad en las distintas modalidades que adopta la trata de personas”, dijo.
Durante el foro Hacia los diez años de la Ley contra la Trata de Personas, desafíos, retos y perspectivas, organizado por el Senado de la República, explicó que una reforma permitirá superar la ineficacia que prevalece para prevenir, sancionar y erradicar ese fenómeno delictivo, pues “son muchos los vacíos que todavía contiene esa ley”.
“Uno de ellos es, por ejemplo, la atención a los refugios privados que se han venido creando a partir de esta legislación, en donde al momento que no reciben recursos públicos no existe ningún vínculo que obligue a estos albergues o refugios a someterse a ningún tipo de supervisión, lo que ha traído consigo problemas, no sólo de manejo indebido, sino de violaciones a los derechos humanos de las víctimas, donde sufren un proceso de revictimización”, explicó.
Al participar en el evento de manera virtual, el titular de la UIF, Santiago Nieto, se pronunció por una reforma legal que otorgue a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la facultad de hacer una buena supervisión de las criptomonedas y activos virtuales, tras reconocer que se debe tener un mayor control de las actividades de los grupos delictivos dedicados a la trata, que lesionan la dignidad de las personas, sobre todo en centros turísticos.
Advirtió que entre los mecanismos que utilizan los delincuentes para financiar sus crímenes no se encuentra solamente el flujo de efectivo, sino que en muchas ocasiones generan empresas fachada para simular operaciones legales.
“La parte central es disminuir la eficacia de estos grupos a partir del congelamiento de cuentas, desmantelamiento de las empresas fachada que les dan protección y, por supuesto, el flujo del dinero”, aseveró.
