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A pesar de las voces que alertaron inconstitucionalidad, fuga de inversiones, lluvia de amparos y hasta expropiaciones, el pleno de la Cámara de Diputados, con el apoyo de las bancadas de Morena, PT, PES y Verde, aprobó la contrarreforma petrolera del presidente Andrés Manuel López Obrador con la que el gobierno federal podrá suspender o cancelar permisos o concesiones a privados en toda la cadena de producción o distribución de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Este dictamen obtuvo 292 votos a favor, 153 en contra de PAN, PRI, PRD y MC, así como 11 abstenciones, y fue enviado al Senado de la República para su análisis y, en su caso, aprobación.
La reforma, que modifica los artículos 51, 53, 56, 57, 59 y 86 de la Ley de Hidrocarburos, otorga facultades a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía para que suspendan permisos o concesiones cuando consideren que hay un “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional” en la producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, comercialización, expendio al público y exportación e importación de hidrocarburos.
De último momento se incluyó una adenda para que en caso de suspensión de una concesión los permisionarios tengan que ser notificados con las causas que motivaron esa cancelación. Después de este aviso, el permisionario contará con un plazo de 15 días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación, para exponer lo que a su derecho convenga y aportar, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
“Transcurrido el plazo de 15 días a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad que haya otorgado el permiso contará con un plazo de 15 días naturales para resolver, considerando los argumentos y pruebas que, en su caso, hubiere hecho valer el permisionario. La determinación de suspender o no el permiso deberá ser debidamente fundada, motivada y notificada al permisionario, sin perjuicio de las infracciones y responsabilidades en las que, en su caso, este último incurra”, describe el agregado.
También se incluyó otro artículo en el que define que si transcurrido el plazo de la suspensión el permisionario no está en condiciones de continuar con sus obligaciones, la autoridad procederá a la revocación del permiso.
En un artículo cuarto transitorio se establece que todos aquellos permisionarios que pudieran ser perjudicados, en su esfera jurídica y sus derechos, “podrán solicitar, en el marco de la normatividad de la materia correspondiente, el pago de las afectaciones correspondientes”.
La propuesta presidencial plantea que, en caso de la cancelación de un permiso, la autoridad que haya otorgado esa prestación se hará cargo de la administración y operación del permisionario, incluso con las empresas productivas del Estado, a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, quedando a salvo los derechos de los terceros.
Otra polémica que generó este dictamen fue la modificación al artículo 51, fracción III, donde especifica que para otorgar un permiso o concesión el permisionario deberá demostrar, antes de conseguir la licencia, la infraestructura de almacenamiento para cualquier hidrocarburo de, por lo menos, cinco días.
En el artículo quinto transitorio agrega que las autoridades competentes procederán a la revocación de aquellos permisos que, a la fecha de la entrada en vigor de este decreto, incumplan con el requisito de almacenamiento determinado por la Secretaría de Energía conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
“Por eso se preocupan por esta ley, porque puede clausurar. Ya no se trata de poner una multa como ahora, sino de quitarle la concesión, de quitarle el permiso para que le duela. Porque mientras siga dando litros de 900 [mililitros] le importa madre: paga la multa, gana mucho más”, dijo Pablo Gómez (Morena).
“La iniciativa representaría una clara violación a la Constitución y a los tratados comerciales internacionales ya ratificados por México, lo cual afectaría el ya deteriorado clima de inversión”, aseguró Justino Arriaga (PAN).
“Esta reforma producirá combustibles caros y habrá escasez si se aplica en sus términos, porque establece barreras a la entrada, que impiden la competencia económica que fortalece al consumidor, y competencia económica, que fortalece a Petróleos Mexicanos”, dijo Enrique Ochoa Reza (PRI).
