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Hasta ahora, el consenso y la negociación en el Congreso han imperado para sacar adelante leyes y reformas que no sólo son prioridad para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también para la oposición.
Especialistas consideran que sin estos acuerdos, Morena no habría alcanzado el número de votos necesarios para modificar la Constitución ni la oposición, conformada por los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, el Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, habría sacado avante temas de sus agendas legislativas, como paridad de género, derechos de las trabajadoras domésticas, matrimonio infantil y muerte digna, entre otros.
En lo que va del primer año legislativo, el Congreso ha aprobado cinco reformas constitucionales: la creación de la figura jurídica de extinción de dominio, la ampliación del catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa (artículo 19 constitucional), la instauración de la Guardia Nacional, la nueva reforma educativa —que dejó sin efecto la evaluación docente y desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)— y la referente a la paridad de género.
Además se concretaron siete leyes: la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, así como la normatividad de Educación Naval, de la Guardia Nacional, Uso de la Fuerza Pública, de Registro Nacional de Detenciones y la de Ingresos de la Federación para este año.
Khemvirg Puente Martínez, académico y politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostuvo que en el primer año legislativo sólo se han aprobado 5% de las iniciativas de Morena, entre las que se destacan las reformas o leyes prioritarias para el jefe del Ejecutivo federal.
“Si uno ve el total de iniciativas presentadas por Morena en este año legislativo, vamos a encontrar que las aprobadas son en su mayoría las más importantes para el Presidente, que para los legisladores. Sin embargo, la oposición también ha logrado sacar iniciativas que son exitosas en el Congreso, es decir, hay una negociación permanente y que para lograr mayorías se requiere del consenso, porque Morena con sus aliados no la suman”, explicó.
Puente Martínez afirmó que si se analizan la votaciones de las leyes y reformas se puede percibir que tienen 90% de la aprobación, lo que significa que todos los partidos han logrado hacer del Congreso un espacio de negociación y de búsqueda de consensos.
Otras de las reformas avaladas fueron: a la Ley Orgánica de la Administración Pública, con la que surgen los súper delegados, la Secretaría de Seguridad, y desaparecen las oficialías mayores de las dependencias, se crean las comisiones presidenciales, se cambia el orden de los colores de la Banda Presidencial, y modificaciones a la Ley Federal del Trabajo.
Así como la Ley Federal de Remuneraciones, para que nadie gane más que el Presidente, se establece que Sistema Nacional de Vivienda que integra la Sedatu, Infonavit, Fovissste; agilizar la adopción de menores abandonados, licencia laboral para padres con hijos diagnosticados con cáncer.
Diego Díaz Iturbide, de Impacto Legislativo, señaló que en este año imperaron los acuerdos por encima de las mayorías, acto que fue muy palpable cuando se discutió la Guardia Nacional o en las designaciones de ministros de la Corte, en donde se vio por primera vez una oposición en bloque y no de partidos, como antes.
“Al principio pensaríamos que veríamos una mayoría aplanadora como lo era el PRI, justo eso lo vimos con la Guardia Nacional, donde a Morena no le daban los números ni con el apoyo de sus aliados el PT, PES y el PVEM, se percibe un cambio ligero en el Congreso porque Morena necesita negociar, pues su mayoría no le alcanza”, anotó.
Dijo que en este año la oposición ha aprendido a trabajar en bloque, ahora deben sumar esfuerzos para lograr acuerdos, pues pese a que Morena ha querido desmembrar al PRD en el Congreso, en el Senado sus votos cuentan, mientras que MC ha tomado un protagonismo que antes no tenía.
La Cámara de Diputados tiene entre sus pendientes: la reforma que permite proceder penalmente contra el Presidente y legisladores federales, y la referente a reconocer a la población afrodescendiente como parte de los habitantes mexicanos; la ley de fomento a la confianza ciudadana, y seguridad social para parejas del mismo sexo.
