El coordinador de Morena en el Senado , Ricardo Monreal ( Morena ) propondrá una iniciativa que reforzará los controles normativos para frenar las operaciones financieras de las dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno con las llamadas empresas “fantasma”.

Según datos del Sistema de Administración Tributaria ( SAT ) se han identificado al menos 6 mil 500 empresas de este tipo en el país que han cometido fraudes que ascienden a más de 74 mil millones de dólares, es decir casi 5% del PIB nacional.

Monreal Ávila propuso modificaciones al Código Fiscal Federal, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

El documento establece la prohibición de celebrar contratos que involucren dinero público con empresas que el SAT haya identificado como entidades irregulares, conocidas como empresas “fantasma”.

Con la iniciativa del presidente de la Junta de Coordinación Política se amplía el catálogo de sujetos obligados impedidos para celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con empresas.

Actualmente, la Ley sólo regula las contrataciones realizadas por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; la reforma que se propone incorpora a sus homólogas de las entidades federativas; los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, sus dependencias y entidades.

Además, dijo, de la PGR y las fiscalías o procuradurías locales; los poderes Legislativo y Judicial; los organismos constitucionales autónomos; las empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente público sobre el que tenga control alguno de los poderes y órganos públicos.

Las modificaciones, explicó, permiten la creación de un padrón único de contratistas y de proveedores “confiables” que tendrán el fin de garantizar la contratación de personas físicas o morales con las capacidades legales, técnicas y administrativas y, al mismo tiempo, podrán prevenir e identificar actos u omisiones irregulares e ilícitas en el marco de los procedimientos de contratación, implementación y ejecución de los contratos respectivos.

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