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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dijo que México enfrenta problemas críticos en materia de derechos humanos y legalidad .
Al participar en el foro “Prioridades para un Programa de Gobierno” , el ómbudsman nacional fue enfático al mencionar que existen altos índices de impunidad, inseguridad, violencia y corrupción .
Explicó que la violencia lleva implícita la negación de los derechos humanos, lo que ha ocasionado en diversas regiones del país se hayan alterado las bases de la normal convivencia entre las personas, cuestionando la validez y vigencia de las instituciones democráticas y del régimen de derechos humanos.
En su ponencia durante la mesa “Legalidad y Derechos Humanos”, el presidente de la CNDH indicó que entre la situación crítica por la que atraviesa el país, la población no tiene acceso a la justicia, tiene bajos niveles educativos, fuertes carencias sociales y gran número de personas viven en condición de pobreza.
En ese sentido se pronunció por el replanteamiento de las políticas económicas del país para incidir en la reducción de la pobreza, exclusión y desigualdad, “ya que el desarrollo económico no debe ser excluyente o ajeno al desarrollo en el ámbito de los derechos humanos”.
En presencia de Pedro Salazar, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; la Senadora Angélica de la Peña, y Ana Lorena Delgadillo, Directora General de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el ombudsman nacional dijo que México requiere combatir la violencia sin medidas autoritarias que generen más violencia.
“No debemos incurrir en acciones que vulneren o pongan en riesgo el respeto a la dignidad humana y atenten contra los derechos fundamentales. Violencia y descomposición social, sin políticas públicas consistentes que las atajen, difícilmente podrán reducir las desigualdades, la falta de oportunidades y la exclusión vigentes o propiciar el fortalecimiento del Estado de Derecho”, señaló.
Agregó que es indispensable fortalecer la actividad educativa como herramienta de prevención de violaciones a derechos humanos y de afianzamiento de una cultura de la legalidad en el país.
