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Con testimonios de que sufrieron violaciones, tortura sexual y agresión en mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, cinco de las 11 mexicanas víctimas denunciaron ayer, en una audiencia contra el Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica, que el ataque fue un intenso despliegue de violencia de unos 3 mil policías federales, estatales y municipales en un operativo de fuerza, encubierto en una “cadena de mando” superior.
Al exigir “justicia sin repetición” y reiterar que en México hay una práctica sistemática de tortura sexual a mujeres por parte de los agentes estatales, las cinco relataron que lo ocurrido los días 3 y 4 de mayo de 2006 en ambos municipios mexiquenses no fue un hecho aislado, sino un ataque planificado, sin que todavía nadie haya sido castigado.
En un comunicado conjunto, el gobierno de México reiteró su plena disposición y compromiso para atender adecuadamente las medidas de reparación que en su momento pueda ordenar la Corte sobre los hechos de San Salvador Atenco, Estado de México.
Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México condenaron categóricamente hechos de violencia sexual y tortura cometidos contra 11 víctimas
Antes, en el pleno del organismo, Carla Jones, de la Consultoría Jurídica de la Cancillería, intervino para señalar que esa delegación “no está aquí para cuestionar las violaciones a los derechos humanos”.
Ante un tribunal presidido por Roberto Caldas y conformado por otros cinco jueces, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ángela Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo rindieron su testimonio.
Las demás —todas presentes en las audiencias, que empezaron ayer e incluyeron presentación de peritos, y finalizarán hoy con las conclusiones de las partes— son Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández y María Patricia Romero Hernández.
La corte, instancia de la Organización de Estados Americanos que opera en esta capital, recibió el caso en 2011, proveniente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a ese organismo y con base en Washington. El Estado mexicano admitió en 2013 su responsabilidad internacional y anunció que acatará la sentencia, prevista para 2018.
Tras los testimonios, “quedó en evidencia que hubo un operativo planeado”, dijo la abogada mexicana Araceli Quirós, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que representa a las 11 con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería mexicana, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, dijo a EL UNIVERSAL que una investigación de 2009 de la Suprema Corte de Justicia de México concluyó que “no había elementos para suponer” que lo ocurrido fuera “una política” del Estado mexicano “contra las personas” afectadas.
“Fue un operativo de parte de policías básicamente locales, en el que se desbordó la situación. Eso dijo la Suprema Corte”, afirmó, al admitir que los testimonios evidenciaron que en los sucesos en Atenco “sí ocurrieron, lamentablemente, violaciones de los derechos humanos de las víctimas”.
También se demostró “la voluntad del Estado mexicano de reparar” a las víctimas, en un intento sin éxito desde hace varios años, añadió.
Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo admitió que en los testimonios “también quedó en evidencia la voluntad del Estado mexicano de reparar integralmente a las víctimas, como hemos tratado de hacer desde hace varios años infructuosamente”.
