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El asesinato del ómbudsman de Baja California Sur, Silvestre de la Toba, así como los atentados y amenazas en contra de las comisiones de derechos humanos de Sonora, Zacatecas, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, colocan al país al borde del abismo que representa un Estado fallido, advirtió la senadora Angélica de la Peña (PRD).
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta expresó que las y los defensores de derechos humanos son la última línea de protección que los mexicanos tienen frente a la violencia delincuencial e institucional.
“No podemos permitir que se les intimide, no debemos consentir que se arrincone al Estado mismo, es cuestión de subsistencia.
“La grave vulnerabilidad que hoy enfrentan estos organismos autónomos es la misma que durante años ha arrebatado la vida, la integridad y la tranquilidad, a decenas de defensores y defensoras de derechos humanos, y ante la que hemos exigido a las autoridades estatales y federales que cumplan con su responsabilidad de garantizarles seguridad durante el desempeño de su labor”, reclamó la legisladora.
De la Peña dijoque la impunidad con la que actúan los agresores de defensores de derechos humanos y periodistas no puede explicarse de otra manera que no sea por la indiferencia o la incapacidad de parte de las autoridades.
Como ejemplo, dijo, tenemos una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) que no da resultados.
Advirtió que la violencia exacerbada que ha alcanzado a los organismos autónomos de derechos humanos, es producto de la obstinación del gobierno federal en sostener una fallida estrategia de seguridad pública basada en la utilización de las Fuerzas Armadas.
De la Peña recordó que ese reclamo se lo comunicaron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durante su comparecencia ante el pleno del Senado, pero hizo oídos sordos.
“Lamentablemente, la actual administración federal insistirá, a través del PRI y sus aliados en el Congreso, en la aprobación de una ley de seguridad interior que legalizará y hará permanente la presencia del Ejército y la Marina en nuestras calles, condenando al país a más violencia, muerte y violaciones a los derechos humanos, al caos total”, acusó.
