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La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Madeline Otálora , repudió una vez más la violencia política que se vive en el país en el marco del proceso electoral.
En particular expresó su preocupación, porque teme que la violencia ponga en riesgo lo logrado por personas comprometidas con la participación de las mujeres.
Además de solidarizarse con las víctimas, sus familiares, personas cercanas, colaboradoras y comunidades consideró que se debe hacer más.
En el TEPJF “ciertamente, nosotros no tenemos competencia para investigar ni para perseguir penalmente actos de violencia política. Nuestra labor se vincula a la interpretación constitucional y aplicación del Derecho electoral a casos concretos” pero delineó lo que podría hacer el órgano jurisdiccional a su cargo.
“Un Tribunal Electoral sólido que se sostiene a partir de sus criterios y de la congruencia que lleva implícita el aceptar que en algunos casos resulta necesario modificar una postura. Enfoque de género en nuestras resoluciones y, en tal sentido, reparaciones transformadoras que se hagan cargo, en la medida de lo posible, de las cuestiones estructurales que generan la violencia, más allá del caso concreto".
Planteó como necesario el reproche jurídico a quienes cometen actos de violencia y el establecimiento de acciones efectivas para atenderlos, más allá de la respuesta que hasta ahora ha dado el Derecho electoral.
No sólo abocarse a resolver lo inmediato, como regresar al cargo a una mujer a quien obligaron a firmar su renuncia o bien retirar un spot del aire, sino construir respuestas de largo plazo, planteó
“Mirar los asuntos que se someten a nuestra consideración con un enfoque integral y hacernos cargo de las repercusiones que tienen nuestras decisiones a nivel individual (por ejemplo, empoderando a las víctimas y dignificando a las comunidades implicadas) y social (fortalecer la legitimidad y credibilidad de las instituciones y la confianza en los comicios)".
Es inadmisible que, sea cual sea el órgano estatal del que se trate, se mantenga en la inacción que conduce a la impunidad, la revictimización y a la repetición de los actos de violencia, “desde mi punto de vista, la aspiración de todo quehacer gubernamental debe ser la prevención de cualquier tipo de violación a los derechos humanos. Una vez que ésta tiene lugar, el Estado ha fallado: el proyecto de vida de la persona ha sido alterado".
Recordó que el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos determina que todas las personas tienen “derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en la Declaración se hagan plenamente efectivos. Esta es la razón de ser de las instituciones del Estado. ”
La violencia no puede determinar un proceso electoral
y el Estado debe garantizar que quien la use, asuma las consecuencias jurídicas que correspondan. En este sentido, agregó, debemos hacernos cargo de que nuestra labor, directa o indirectamente aporte a los esfuerzos en contra de la violencia.
"En un país como el nuestro, con una infraestructura electoral altamente sofisticada y delineada hasta la minucia, deben existir respuestas adecuadas para modificar todo aquello que da lugar a la violencia, así como para garantizar que la vida, la integridad y la tranquilidad, no sea el costo del ejercicio de los derechos político-electorales", expuso.
maf
