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El pasado 15 de junio entró en vigor la Ley General de Archivos luego de un año de su publicación. Es con este instrumento legal que se concreta la triada idónea en materia de transparencia, que había quedado pendiente desde 2014.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña, detalla la implicación de esta ley y las formas en que la generación de información de entidades y dependencias de todos los niveles de gobierno queda protegida.
¿Cuál es la relevancia que tiene la entrada en vigor de esta ley?
—Tiene múltiples implicaciones de forma y fondo, pero lo más relevante es que era un pendiente que tenía por resolver el poder constituyente revisor desde 2014 y que encomendó al Legislativo. Pese a muchos tirones, finalmente fue la última ley por promulgar, y esto tendrá impacto en todos los archivos del país.
¿Qué importancia tienen los archivos en el engranaje de la transparencia?
—Los archivos son el mimbre que sostiene la historia, el alma de la nación y también las disyuntivas y controversias en la evolución de un país. Los archivos del pasado y del presente reclaman ser redescubiertos, releídos, aceitados.
Muchos expertos insisten en que el derecho de acceso a la información en México se dio a la inversa, que hay que fortalecer una ley de archivos primero para que la transparencia sea una realidad en nuestro país. ¿Qué opina al respecto?
—Como académico, esa es una vieja discusión que generó mucho ruido previo a la promulgación de la primera ley en transparencia y tomó sentido en la promulgación de la Ley Federal de Archivos, que prácticamente nació muerta, porque fue un despropósito: lo único que ocasionó fue expulsar a los investigadores de los archivos y especialistas en términos escandalosos.
¿La ley de archivos atacará el problema de la apropiación de la información por parte de los funcionarios públicos?
—Pensamos que a raíz de la promulgación de la Ley Federal de Transparencia, en 2002, se iban a colocar estanterías para resguardar los archivos —sobre todo los de trámite, porque son un mar difícil de ser abarcado—, pues los registros se acumulan a cada instante.
El patrimonialismo es instintivo, defensivo y llega a asegurarse [de] ocultar lo que se hizo. El hombre se siente dueño de lo que crea, pero esto no es así en los asuntos públicos, porque [hay] leyes que hay que respetar; la Ley General de Archivos tiene esa claridad.
El escrutinio ajeno es invasivo y hay gente que se apropia de lo ajeno. Una analogía para ello la describo como un mayordomo que se apropia de las pertenencias del dueño y las cuida, las vigila, las persigue o las destruye ante una indebida apropiación.
Los funcionarios públicos somos mayordomos que a veces disponemos de la mansión ajena con una serenidad, intransigencia, una prepotencia y altivez propia de estos personajes.
Durante la sesión del pleno del Inai usa una frase: “Alguien —no sabemos quién ni nos importa— solicitó la siguiente información...” ¿Por qué no importaría que un peticionario revele su identidad para que se le entregue la documentación?
—Esa es la clave del origen de ese derecho. Hubo que poner esa condición para el derecho a saber. La autonomía del derecho de acceso a la información era fundamental, por eso no importa quién lo pida y para qué.
La mayoría de las solicitudes de información que tienen anonimato causan verdaderos sismos en el interior de las instituciones y provocan una cantidad de reuniones que hacen cimbrar a una dependencia completa.
En el seno de las instituciones y en las áreas estratégicas de las entidades, incluida ésta, es una manera de recordarnos que no importa que Tarzán o Mowgli nos hagan peticiones ingeniosas en temas muy delicados, porque es su derecho, así lo establecen las leyes generales y la de archivos.
En materia de archivos a nivel nacional, ¿es un desastre o hay diagnósticos más alentadores?
—Es un desastre, porque en los archivos del país ha habido un descuido. Para que haya democracia, primero debe haber archivos que den cuenta de cada área de desarrollo. Sin embargo, y como ya lo dijimos, en México el proceso de la transparencia se dio al revés.
