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Tijuana.— El presidente del Congreso en Baja California, Edgar Benjamín Gómez, declaró que prácticamente será la próxima Legislatura local —con la mayoría de sus integrantes de Morena— la que decida si se publicará o no la reforma al artículo Octavo del Decreto 112, que amplía la gubernatura de la entidad de dos a cinco años.
Para el politólogo Víctor Espinoza Valle se trata de una jugada política por parte del equipo que promovió el cambio en la ley, así como el principal beneficiario: el gobernador por Morena, Jaime Bonilla Valdez, ya que de los 25 diputados que estarán en el próximo periodo legislativo, 17 son morenistas o parte de alguno de los partidos que participaron en alianza durante las pasadas elecciones.
“Es un error político tremendo, sobre todo con la cantidad de posicionamientos en contra de lo que están haciendo, una torpeza tremenda que está teniendo un costo político para Bonilla Valdez (...) No tiene salida, porque es muy alto [el costo] y le resta legitimidad”, advirtió el también director del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), en Tijuana.
La última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advierte el maestro en Derecho Constitucional José de Jesús Naveja Macías, quien además explica que hasta que la ley no sea publicada de manera oficial, la acción de inconstitucionalidad no puede ser interpuesta, ya que primero debe existir una violación a los derechos humanos.
De acuerdo con el escenario, el recurso legal puede ser promovido —entre otras instituciones— por la Legislatura de Baja California, lo que es poco viable, debido al conflicto de intereses que existe al tener una afinidad al partido que propuso ampliar el periodo gubernamental. Además, otro de los actores que podría promoverlo es un partido político, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“El Poder Judicial es el mayor contrapeso, y eso no significa estar en contra de uno y otro, sino mantener un control. Los poderes no deben ser absolutos. La Legislatura es autónoma y no soberana, y bajo este escenario la Corte tiene la independencia que permite consolidar la democracia”, explicó.
Incluso en su archivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en contra de las medidas de incrementar el tiempo de los gobiernos, así como en otros casos en los que los Congresos locales también ampliaron los periodos en el poder, no sólo de las gubernaturas, sino también de diputados y alcaldías, como los casos de Chiapas y Oaxaca.
Se trata de las sentencias marcadas 41/2006 y 47/2006, en las cuales los ministros terminan por concluir que ampliar los periodos se trata de una violación al pacto federal y al voto directo. Incluso se analiza que una medida como la propuesta por Bonilla Valdez tiene tintes políticos de reelección.
“Las mayorías parlamentarias son en el notario [público] de los archivos del Ejecutivo, y la idea es que sean contrapeso, ya que de entrada se trata de un problema de que una mayoría [es] del mismo partido y no de una institución que debiera ser autónoma”, advirtió el especialista José de Jesús Naveja Macías.
